Dos pilares del régimen enfrentan investigaciones por crimen organizado y corrupción. La presión de Washington obliga a Claudia Sheinbaum a tomar decisiones drásticas.
Editorial | Seguridad
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Política Gurú
La política mexicana atraviesa un momento de tensión máxima debido a las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra dos figuras clave del oficialismo. Adán Augusto López Hernández, actual senador, y Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, enfrentan un panorama judicial sombrío en el extranjero. Sin embargo, aunque en Palacio Nacional se intente proyectar unidad, la realidad interna sugiere un distanciamiento estratégico.
Por un lado, el senador López Hernández ha dejado la coordinación de Morena en el Senado. En consecuencia, este movimiento se interpreta como una medida de contención ante los señalamientos que lo vinculan presuntamente con el crimen organizado. Cabe señalar que, aunque mantiene el fuero constitucional, sus activos y los de sus socios, como Luis Montaño García, están bajo la lupa del Departamento de Justicia.
Por otro lado, el caso de la gobernadora Ávila parece ser aún más crítico. Resulta que su nombre ya es un tema recurrente en las mesas de seguridad binacionales entre México y el país vecino. Asimismo, la cancelación de su visa estadounidense en mayo pasado marcó el inicio de un declive en su percepción pública. Por si fuera poco, se le vincula con financiamientos irregulares provenientes de figuras como Sergio Carmona, el fallecido “rey del Huachicol”.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum navega en un mar de contradicciones. En este sentido, la mandataria ha tenido que balancear las exigencias de justicia de Washington con la lealtad al grupo político de Palenque. Por lo tanto, el desplazamiento de Adán Augusto de la coordinación parlamentaria funciona como una válvula de escape política. No obstante, la protección del fuero sigue siendo el último escudo para ambos funcionarios ante una posible acción penal.
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Adicionalmente, el papel de los empresarios asociados añade una capa de complejidad al escándalo. Efectivamente, Luis Montaño García, socio de una financiera con contratos millonarios en el IMSS y la CFE, es ahora una persona de interés para las agencias estadounidenses. De hecho, se sospecha que los contratos para equipar policías locales podrían estar desviando recursos hacia grupos delictivos.
Finalmente, el futuro de Marina del Pilar parece estar ya diseñado hacia una solicitud de licencia. En conclusión, la administración de Sheinbaum se ve obligada a enviar señales de no impunidad para evitar una ruptura con el gobierno estadounidense. Por consiguiente, los próximos meses serán determinantes para definir si el obradorismo entregará estas piezas para salvar la relación bilateral o si mantendrá el blindaje a toda costa.
Adán Augusto López Hernández
Esta editorial está basada en la columna de opinión de Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero.
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