La nueva Ley antiextorsión unifica sanciones y activa la denuncia anónima 089. Pero el acceso judicial a datos de víctimas prende alertas de privacidad y revictimización.
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La Cámara de Diputados recibió la Ley antiextorsión. Busca unificar el delito y perseguirlo de oficio. Además, promete mejores herramientas para víctimas y autoridades.
Sin embargo, crecen dudas. Porque la iniciativa permite, con orden judicial, revisar líneas, mensajes y redes sociales de víctimas para verificar usos indebidos. Eso preocupa.
Asimismo, especialistas como Social TIC advierten riesgos de concentración de datos y posible revictimización. Sobre todo si hubo robo de cuentas o suplantación de identidad.
A la par, la propuesta suma prisión preventiva oficiosa para extorsión. Es decir, el imputado iría a prisión mientras avanza el proceso, bajo control judicial.
También fija sanciones de 6 a 15 años y multas en UMAs. Además, agrega agravantes como el cobro de piso y la participación de servidores públicos.
Por otro lado, la ley remite a la Ley Federal de Telecomunicaciones y técnicas de investigación con control judicial. Así, se permitirían intervenciones legales de comunicaciones.
No obstante, el texto también ordena proteger datos de víctimas y reservar su identidad cuando exista riesgo. En suma, hay equilibrios aún discutidos.
Además, se plantea un Centro de Atención para denuncias de extorsión, adscrito a la SSPC. Incluso, operaría con el número 089 para reportes anónimos.
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Mientras tanto, el gobierno perfila una Estrategia Nacional contra extorsión. Así, se coordinarían fiscalías, policías y plataforma 089 para seguir patrones delictivos.
El punto fino está en los límites y controles. Porque investigar sin revictimizar exige protocolos claros. También auditorías y trazabilidad del uso de datos.
La pregunta clave es simple. ¿La Ley antiextorsión equilibra seguridad y privacidad? De momento, el Congreso deberá pulir salvaguardas y candados judiciales.
Si se fortalecen controles y se audita el acceso a datos, entonces habrá confianza. De lo contrario, crecerán los temores de vigilancia indiscriminada.
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