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Una ofensiva coordinada contra la red de extorsión operada por La Familia Michoacana en el sur del Estado de México provocó una reacción inmediata del crimen organizado. La Fiscalía mexiquense, con respaldo de fuerzas federales, ejecutó más de 50 cateos en 14 municipios. Estas acciones derivaron en la detención de siete presuntos integrantes del grupo criminal, implicados en cobros ilegales sobre materiales de construcción, alimentos y ganado.
Las autoridades concentraron sus esfuerzos en negocios vinculados al comercio de materiales, carne, huevo, forrajes y ganado, además de propiedades relacionadas con secuestros exprés. Sin embargo, la respuesta criminal no tardó. Desde la noche del lunes hasta la tarde del martes, múltiples bloqueos paralizaron zonas estratégicas como Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Temascaltepec y Tejupilco.
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Los cierres carreteros fueron ejecutados por transportistas y taxistas que, según testimonios, seguían órdenes directas de líderes criminales. En Villa Guerrero, uno de los coordinadores de la protesta operaba desde su celular, mientras los conductores obedecían sin cuestionar. Un taxista admitió que las decisiones provienen de quienes “controlan las cuotas y comisiones”.
El transporte público desde Toluca y la Ciudad de México suspendió viajes hacia el sur de la entidad. A la par, elementos de seguridad fueron retenidos temporalmente en Tlatlaya, y unidades oficiales fueron dañadas en Tejupilco. Aunque a las 17:30 horas se instruyó liberar las vías, los taxistas mantuvieron su presencia, ocupando cerca de un kilómetro entre Villa Guerrero y Tenancingo.
En Valle de Bravo, la policía detuvo a varios transportistas relacionados con la Unión de Transportistas. Estos manifestantes pedían no ser tratados como criminales, argumentando que su protesta respondía a presiones del crimen organizado.
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El operativo fue de gran magnitud. Participaron 2,866 elementos distribuidos en 63 células operativas, conformadas por integrantes de la Sedena, Semar, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad federal y estatal, así como del Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía mexiquense.
Además, fueron asegurados inmuebles de distintos giros, como sindicatos, paqueterías, granjas porcinas y avícolas, minas, carnicerías y distribuidores de vidrio, acero y aluminio. Las acciones marcan un intento del Estado por recuperar el control territorial ante el avance del crimen organizado en la región.
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