Claudia Sheinbaum oficializó una comisión electoral integrada por aliados del gobierno. El INE podrá participar, pero sin derecho a voto, en las decisiones.
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La presidenta Claudia Sheinbaum oficializó la creación de una comisión para impulsar una reforma electoral. Sin embargo, el diseño del órgano ha generado críticas y suspicacias.
A través de un decreto presidencial, publicado la tarde del jueves, se estableció que esta comisión estará conformada por siete integrantes, todos vinculados al gobierno federal. El Instituto Nacional Electoral (INE), así como otros organismos autónomos y académicos, únicamente podrían participar como invitados con voz, pero sin voto.
El decreto establece que la comisión funcionará desde el 18 de agosto de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2030. No obstante, el documento también aclara que podrá disolverse antes, si así lo determina la Presidencia de la República.
El nombramiento de Pablo Gómez como presidente de esta comisión ha llamado la atención. El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y figura emblemática de Morena encabezará los trabajos. Lo acompañarán seis representantes del Ejecutivo federal, todos identificados con la llamada Cuarta Transformación.
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Entre sus responsabilidades destacan convocar a la ciudadanía a participar en el análisis de la reforma, elaborar estudios especializados y proponer modificaciones al sistema electoral.
Sheinbaum justificó la necesidad de reformar el régimen electoral argumentando que el modelo actual ya no corresponde con el momento político que vive México. En sus palabras, “la conservación inercial de estos elementos no es congruente con la situación política actual del país”.
La mandataria recordó que en el pasado existió estabilidad, pero sin voto libre y con presencia de represión y corrupción. En este contexto, afirmó que se busca un nuevo esquema de representación ciudadana y transformación del régimen de partidos políticos.
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Por su parte, el INE expresó preocupación por haber quedado fuera de la toma de decisiones. Las consejeras Carla Humphrey y Claudia Zavala, antes de conocerse el contenido del decreto, pidieron ser consideradas para colaborar en la comisión.
Humphrey declaró que espera ser invitada como autoridad que aplica la norma electoral. Subrayó la importancia de aportar experiencia técnica para evitar errores en el diseño de la reforma.
Zavala también manifestó su inquietud. Consideró fundamental que el INE participe, ya que posee la experiencia institucional para evaluar qué aspectos del sistema funcionan y cuáles deben corregirse.
Aunque el gobierno insiste en que la comisión escuchará a todos los sectores, la exclusión del INE en el proceso deliberativo ha sido interpretada como una señal de concentración del poder. En otras palabras, la decisión refleja una estrategia política que busca mayor control sobre el diseño de la nueva arquitectura electoral.
Este anuncio se da en un momento clave, cuando el nuevo sexenio apenas comienza y Morena busca consolidar su proyecto político. Sin embargo, limitar la participación de órganos autónomos podría tener consecuencias institucionales profundas.
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