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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, tras detectar operaciones financieras sospechosas vinculadas a su red familiar.
Esta decisión forma parte de una investigación por posible lavado de dinero y simulación fiscal, en la que también están implicadas empresas relacionadas con parientes del exfuncionario.
Según el informe oficial, la UIF actuó con base en sus atribuciones legales para combatir delitos financieros, corrupción y movimientos con recursos de origen ilícito.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación ordenó la suspensión de actividades de compañías ligadas a familiares de Bermúdez, especialmente en el sector de apuestas y juegos.
Dichas empresas presentaban patrones operativos inusuales y flujos de capital considerados atípicos por los sistemas de control financiero de la federación.
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Las acciones fueron ejecutadas con la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Aunque no se ha emitido una orden de aprehensión, las autoridades están rastreando indicios de evasión fiscal y movimientos entre cuentas con comportamiento irregular.
Los reportes señalan transferencias interbancarias no justificadas y registros contables alterados que podrían encubrir desvíos de fondos públicos.
Cabe destacar que Hernán Bermúdez se desempeñó como titular de Seguridad Pública en Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López.
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En reiteradas ocasiones, su nombre ha sido vinculado a irregularidades administrativas, aunque hasta ahora no existía una acción concreta como la actual.
La UIF ha insistido en que estas medidas no son definitivas, pero sí preventivas, hasta esclarecer el origen de los recursos investigados.
Por ello, los movimientos bancarios de personas físicas y morales allegadas al exfuncionario continuarán bajo análisis y vigilancia permanente.
Con esta acción, las autoridades federales buscan reforzar el combate a la corrupción institucional, especialmente en entidades señaladas por complicidades con el crimen.
Mientras tanto, los involucrados podrían impugnar el congelamiento de cuentas, aunque el proceso legal deberá seguir su curso ante las instancias correspondientes.
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