Cambio de ciclo en la Corte: últimas sesiones antes del relevo de Laynez y Piña

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El ministro Javier Laynez anunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en receso hasta el próximo 1 de agosto. Durante este periodo, se suspenderán todas las actividades judiciales y se interrumpirán los plazos procesales, conforme a la normativa del Poder Judicial. Aunque no habrá sesiones, funcionará una Comisión de Receso encargada de atender asuntos urgentes.

Laynez, quien forma parte de dicha comisión, explicó que al retornar en agosto se celebrarán las dos últimas sesiones del Pleno. Estas están programadas para los días 6 y 12 del mes, con 14 temas enlistados para análisis. Sin embargo, ninguno de estos incluye temas como la prisión preventiva oficiosa o el caso Pegasus.

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El ministro aclaró que algunos temas, por su complejidad y trascendencia, deberán ser atendidos por la siguiente integración de la Corte. En este sentido, aseguró que asuntos como la discusión de inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa y el uso del software Pegasus serán heredados al nuevo Pleno encabezado por Hugo Aguilar Ortiz.

Las salas de la Corte, cuya estructura desaparecerá en septiembre, también realizarán audiencias en agosto. Tienen previsto resolver alrededor de 60 recursos de reclamación, los cuales presentan mayor agilidad procesal.

Laynez precisó en entrevista que la prisión preventiva oficiosa no será debatida en las sesiones restantes, ya que no se ha priorizado en el orden del día. Además, consideró pertinente que esta discusión tan delicada quede en manos de la nueva Corte, la cual deberá considerar tanto la acción de inconstitucionalidad como el cumplimiento de una sentencia internacional.

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Por tanto, la Suprema Corte se prepara para una transición significativa. Aunque los trabajos continúan hasta agosto, los temas más controvertidos pasarán a la siguiente etapa judicial. Esta decisión refleja la importancia de dar continuidad institucional a los casos que requieren profundidad en su tratamiento.

El cambio en el máximo tribunal no solo marca el fin de una etapa, sino también el inicio de una nueva configuración jurídica, que deberá enfrentar temas pendientes con un enfoque renovado y mayor consenso.

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