El choque entre Salinas Pliego y Sheinbaum sube de tono: impuestos, huachicol fiscal, la nueva Suprema Corte y acusaciones de terrorismo fiscal reavivan la disputa.
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Tras señalamientos de Claudia Sheinbaum sobre impuestos impagos, Ricardo Salinas Pliego respondió con un mensaje frontal, cargado de acusaciones.
El empresario negó que evada impuestos y sostuvo que el gobierno quiere su dinero para financiar al llamado “Cártel de Macuspana” vinculado a Morena.
Además, pidió al SAT precisar el monto exacto del adeudo para pagarlo, porque, afirmó, nunca ha recibido una cifra oficial y verificable.
En paralelo, cuestionó a la nueva Suprema Corte. La calificó como una instancia sin legitimidad, responsable de resolver su pleito fiscal en curso.
Sin embargo, Sheinbaum reiteró que el caso se definirá en la ley y que todo contribuyente debe pagar lo que determine la autoridad competente.
Por ello, el choque escaló del terreno tributario al político. La narrativa oficial habla de justicia fiscal; Salinas Pliego denuncia persecución y revancha.
Asimismo, puso sobre la mesa el huachicol fiscal de 180 mil millones anuales, con pérdidas para Pemex y CFE, sin mejoras palpables en servicios.
De hecho, afirmó que el discurso de “redistribución” encubre desvíos y clientelismo. Mientras tanto, millones siguen sin medicinas, médicos suficientes ni citas oportunas.
También advirtió una “nueva etapa de terrorismo fiscal”. Dijo que ya ha golpeado a compañías como Samsung, Telefónica y Nissan, y podría intensificarse pronto.
Sin embargo, la Presidencia sostiene que no hay vendetta, sino aplicación de reglas, descuentos previstos por ley y un proceso que será transparente y definitivo.
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En el fondo, la disputa revela dos visiones. Para el gobierno, la recaudación financia derechos. Para Grupo Salinas, el gasto castiga a quienes producen.
Por otra parte, el tono duro del empresario conecta con parte del electorado inconforme. No obstante, polariza y coloca a su conglomerado bajo reflectores.
En contraste, el oficialismo impulsa el “piso parejo” para reforzar su narrativa de rectitud, aunque enfrenta dudas por su nueva Corte y autonomía real.
Al final, el litigio fiscal será probado en tribunales y auditorías. Pero, políticamente, ya abrió una grieta que ordena preguntas incómodas sobre transparencia.
Mientras se define la cifra y la ruta legal, lo sensato es claridad: cuentas auditables, procesos públicos y reglas iguales para todos, sin excepciones.
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