Operación con soldados mexicanos para enfrentar a los cárteles

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En los pasillos de la Sedena circula una teoría que inquieta: Estados Unidos busca desplegar soldados de origen mexicano para combatir a los cárteles en territorio nacional.

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La aparición de un avión no tripulado estadounidense sobre el Estado de México generó más que sorpresa. Para altos mandos militares, se trató de un globo de ensayo, diseñado para medir la reacción pública antes de avanzar con estrategias más profundas contra el narcotráfico.

En la Sedena consideran que en el Pentágono gana fuerza la idea de conformar una fuerza especial integrada por soldados nacidos en México, actualmente enlistados en el Ejército o la Marina de Estados Unidos. Dicho grupo tendría como misión operaciones directas contra los cárteles dentro del país.

La tesis parece viable porque miles de connacionales sirven en cuerpos militares estadounidenses. Su origen mexicano sería la clave: permitiría esquivar la crítica internacional sobre injerencia extranjera y evitar que tropas anglosajonas interactúen directamente con la población civil.

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El modelo recuerda al dron que, aunque fabricado en Estados Unidos y controlado desde allá, operó con fines que favorecían al gobierno de Claudia Sheinbaum. Es decir, tecnología o soldados bajo bandera estadounidense, pero al servicio de los intereses mexicanos.

En los cuarteles, sin embargo, persisten dudas. Para los generales, se trata de estrategias que dejan al Ejército mexicano como observador, mientras las decisiones cruciales se negocian entre el Pentágono, la Secretaría de Marina y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La Guardia Nacional queda fuera de la ecuación, al no ser considerada por Washington como fuerza de choque suficiente.

La centralidad de García Harfuch dentro del gabinete de seguridad es cada vez más evidente. Las estadísticas de homicidios, recientemente a la baja, fortalecen su figura política y respaldan su estrategia. El mismo secretario logró, con rapidez, quitar a la Sedena el control del abasto de combustibles para entregarlo a Pemex Logística, a cargo de un hombre de su círculo cercano.

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Ante esta situación, el obradorismo guarda silencio. Las viejas figuras de la 4T, desgastadas por escándalos y crisis, prefieren no cuestionar la creciente influencia de García Harfuch ni sus acercamientos con Washington.

En paralelo, en los pasillos de seguridad nacional se susurra que la ofensiva de Donald Trump contra Venezuela tiene un eco indiscutible en México, donde el Cártel de Sinaloa habría expandido operaciones hacia el Caribe.

El límite de esta cooperación no se encuentra en México, sino en la propia Casa Blanca. Trump volvió a exhibir su estilo al declarar que él decide “lo que México debe hacer”. Horas después, el embajador Ronald Johnson tuvo que matizar esas palabras, asegurando que existe “buena coordinación” entre ambos gobiernos.

En conclusión, la estrategia de soldados mexicanos bajo mando estadounidense refleja un delicado equilibrio: evitar la imagen de tropas extranjeras en suelo nacional, mientras se mantiene a raya al crimen organizado. Sin embargo, la pregunta permanece abierta: ¿es este un apoyo estratégico o el inicio de una nueva forma de injerencismo en la seguridad mexicana?

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