Un reporte periodístico atribuye a Andy López Beltrán influencia sobre proveedores de eventos del INAH. La versión carece, hasta ahora, de documentos públicos que la acrediten.
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La Política Online atribuyó a empleados de la Secretaría de Cultura señalamientos de que Andrés Manuel “Andy” López Beltrán influiría en la selección de proveedores para eventos en espacios del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El reporte no presenta documentos ni testimonios identificados para acreditarlo.
La publicación apareció este jueves 3 de septiembre, tras el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Según el medio, durante el acto circularon comentarios sobre López Beltrán y su relación con el constructor Miguel Ángel Bejos, sin pruebas que vinculen esas conversaciones con decisiones del INAH.
El señalamiento sostiene que las empresas contratadas para gestionar eventos saldrían de una lista supuestamente elaborada por el secretario de Organización de Morena. Hasta ahora, no existe confirmación pública de Cultura, del INAH o de López Beltrán, ni procedimientos administrativos conocidos que demuestren su intervención.
El antecedente es la cena de la FIFA el 10 de junio en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. El INAH afirmó que la actividad promovió el patrimonio y cumplió la normativa; también informó que la FIFA cubrió derechos y gastos superiores a un millón de pesos.
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Sin embargo, dos investigadores del instituto presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por el posible uso indebido del recinto. La denuncia no acredita delito ni responsabilidad. La FGR deberá determinar si existieron irregularidades, quién autorizó el acto y bajo qué fundamento.
El debate creció porque el sitio oficial del Museo Nacional de Historia establece que sus espacios solo admiten actividades culturales, académicas o científicas, y prohíbe eventos sociales o empresariales. Falta esclarecer bajo qué figura se autorizó la cena, cómo se seleccionaron proveedores y qué servicios pagaron.
La Política Online relacionó la versión con supuestas pesquisas contra el empresario Amílcar Olán, identificado como amigo de López Beltrán. Sin embargo, no aportó elementos que demuestren que esas indagatorias, si existen como se afirma, respondan a una reacción política dentro de Palacio Nacional.
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El caso importa porque involucra patrimonio público, contrataciones y transparencia. Si hubo servicios privados, las autoridades deberían informar qué empresas participaron, cuánto cobraron, cómo fueron seleccionadas y qué funcionarios aprobaron su contratación. Esa información permitiría confirmar o descartar favoritismos.
También resulta indispensable diferenciar cercanía política de responsabilidad jurídica. López Beltrán no ocupa un cargo en Cultura ni en el INAH. La cercanía partidista no prueba control empresarial; no obstante, la opacidad sobre proveedores alimenta sospechas, compromete la credibilidad institucional y deteriora la confianza pública.
Cultura y el INAH pueden disipar dudas publicando contratos, facturas, convenios, criterios y proveedores. Mientras esos datos no aparezcan, el señalamiento debe tratarse como una versión periodística no corroborada: merece respuesta documentada, pero no puede convertirse en sentencia ni atribuir responsabilidades sin pruebas.
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