6 de noviembre de 2027
La nueva correlación de fuerzas en Estados Unidos, el futuro de la relación bilateral y las cuentas pendientes de López Obrador.
#AsídeClaro | David Martínez Staines
Opinión
Columnista
Política Gurú
La política estadounidense tiene una virtud que la mexicana suele extraviar: el poder no es eterno y la protección política tampoco. El proceso electoral recién concluido en Estados Unidos puede inaugurar una etapa particularmente incómoda para México. No solo por las amenazas comerciales, la migración o el combate al narcotráfico, sino por una cuestión que comienza a adquirir dimensiones políticas mayores: el escrutinio sobre Andrés Manuel López Obrador, su familia y el círculo que durante seis años pareció desenvolverse bajo una inexplicable inmunidad moral.
La relación bilateral entra en una zona de turbulencia. Washington ha dejado claro que la seguridad, el narcotráfico y la corrupción ya no son asuntos que puedan resolverse con discursos de soberanía ni con abrazos presidenciales. El pragmatismo estadounidense tiene límites y, cuando sus intereses se consideran amenazados, suele abandonar las cortesías diplomáticas.
Pero el problema no es exclusivamente político. Es también económico. México ha construido buena parte de sus expectativas de crecimiento sobre la integración con Estados Unidos, el T-MEC y la relocalización de empresas que buscan acercar sus cadenas productivas al mercado norteamericano. Esa oportunidad histórica, conocida como nearshoring, podría convertirse en una fuente extraordinaria de inversión, empleo y desarrollo. También podría frustrarse si la incertidumbre política, la inseguridad, los conflictos comerciales o la desconfianza institucional terminan por encarecer el riesgo de invertir en México.
Una amenaza arancelaria no es una simple bravata de campaña. Puede traducirse en inflación, encarecimiento de productos, pérdida de competitividad, presiones sobre el peso y desaceleración económica. México exporta buena parte de sus manufacturas al mercado estadounidense. Golpear esa relación significa afectar directamente a millones de trabajadores, empresas y familias mexicanas. La integración económica, que durante décadas fue una ventaja estratégica, puede convertirse en un instrumento de presión política.
López Obrador apostó a que su relación personal con Donald Trump y su pragmatismo serían suficientes para mantener a raya las diferencias. Pero la política exterior estadounidense no depende exclusivamente de simpatías presidenciales. Depende de intereses nacionales, de agencias de seguridad, de legisladores y de una opinión pública cada vez más exigente con los resultados en materia de migración y narcotráfico.
El escenario se vuelve todavía más delicado cuando las exigencias de Washington alcanzan asuntos que el gobierno mexicano considera internos. La cooperación en seguridad, el combate al fentanilo, el intercambio de información y la persecución de redes financieras criminales pueden convertirse en puntos de fricción. La pregunta es si México llegará a esa negociación con instituciones sólidas o con un gobierno obligado a administrar simultáneamente sus compromisos económicos y sus lealtades políticas.
La familia presidencial y el costo de la herencia
López Obrador construyó su gobierno sobre una promesa: combatir la corrupción y terminar con los privilegios de una élite política. Su tragedia política podría consistir en que las sospechas más corrosivas sobre su legado no provengan de sus adversarios tradicionales, sino de las controversias que rodean a sus propios familiares y colaboradores.
Los señalamientos sobre sus hijos, particularmente Andrés Manuel López Beltrán, y las recientes restricciones migratorias estadounidenses han abierto un frente incómodo. Conviene precisar: una visa revocada no constituye una sentencia ni demuestra culpabilidad. Pero políticamente es una señal que no puede despacharse con descalificaciones ni con el gastado argumento de la persecución.
La pregunta es inevitable: ¿qué ocurriría si Washington decidiera avanzar de las medidas administrativas a investigaciones más profundas sobre presuntas redes de tráfico de influencias, operaciones financieras o vínculos comprometedores? No se trata de anticipar culpabilidades, sino de advertir que el poder estadounidense dispone de instrumentos que pueden alterar seriamente el equilibrio político mexicano.
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El costo de semejante escenario no sería exclusivamente personal para el expresidente o su familia. Podría afectar la confianza de inversionistas, la percepción internacional sobre el Estado de derecho mexicano y la estabilidad política de un gobierno que necesita certidumbre para conducir la economía. Cuando las sospechas sobre corrupción alcanzan los niveles más altos del poder, los mercados no suelen esperar a que se resuelva el debate político: reaccionan ante el riesgo.
Sheinbaum: entre la soberanía y la lealtad
Claudia Sheinbaum enfrenta entonces una disyuntiva de fondo: defender la soberanía nacional o convertirse en defensora política de su antecesor. Ambas cosas no son necesariamente compatibles. Defender a México de cualquier injerencia extranjera es una obligación presidencial; blindar a una familia frente al escrutinio, en cambio, sería una renuncia a esa misma responsabilidad.
La soberanía no es sinónimo de impunidad. Y el nacionalismo no puede convertirse en coartada para eludir la justicia.
La presidenta necesita comprender que la mejor defensa frente a Washington no consiste en la estridencia de las declaraciones, sino en la fortaleza de las instituciones mexicanas. Si existen pruebas, deben investigarse conforme a derecho. Si no existen, el gobierno tiene la obligación de demostrarlo con transparencia. Lo que no puede hacer es sustituir la explicación por la descalificación y la rendición de cuentas por la solidaridad partidista.
La disyuntiva es particularmente delicada porque Sheinbaum heredó no sólo un proyecto político, sino también sus contradicciones, sus compromisos y sus zonas de vulnerabilidad. El riesgo es que la defensa del legado de López Obrador termine comprometiendo el futuro de su propia administración.
La economía como rehén de la política
El mayor peligro para México sería que las tensiones bilaterales se trasladaran de los discursos a las decisiones económicas. Una revisión conflictiva del T-MEC, la imposición de aranceles, restricciones a inversiones o una escalada en las diferencias sobre seguridad podrían generar un efecto dominó.
La depreciación del peso encarecería las importaciones y presionaría los precios. Las empresas exportadoras tendrían que absorber mayores costos o trasladarlos a sus consumidores. Las inversiones podrían posponerse. El empleo industrial, particularmente en los estados más integrados a las cadenas productivas norteamericanas, quedaría expuesto a la incertidumbre.
A ello se suma un problema estructural: México necesita inversión, infraestructura, energía suficiente, seguridad y certidumbre jurídica para aprovechar el fenómeno de la relocalización industrial. Ningún inversionista serio compromete miles de millones de dólares en un país donde las reglas parecen sujetas a la voluntad política, donde la inseguridad amenaza las operaciones o donde la justicia genera dudas.
La paradoja es brutal: México tiene una oportunidad histórica para consolidarse como una potencia manufacturera y comercial, pero puede desperdiciarla si convierte la confrontación política en un obstáculo para la estabilidad económica.
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El gobierno mexicano debería entender que la defensa de la soberanía no se agota en resistir presiones externas. También consiste en garantizar condiciones internas para que el país sea menos vulnerable a ellas.
El problema de la historia
López Obrador quiso pasar a la posteridad como el hombre que purificó la vida pública, derrotó a la mafia del poder y devolvió la honestidad al gobierno. Pero ningún liderazgo puede imponer su propia versión de la historia indefinidamente. Los archivos, las investigaciones y los hechos terminan por desafiar la propaganda.
Si las acusaciones contra su entorno carecen de sustento, deberán esclarecerse. Si existen pruebas de conductas ilícitas, tendrán que investigarse. Lo contrario significaría confirmar que la llamada transformación no modificó las reglas del poder: simplemente cambió a sus beneficiarios.
El nuevo escenario estadounidense podría acelerar ese ajuste de cuentas. Y sus consecuencias podrían trascender al expresidente, a sus hijos y a sus colaboradores para alcanzar a Morena, a la administración de Sheinbaum y a la economía nacional.
México debe decidir si quiere una República de instituciones o un régimen de lealtades; si la justicia es un instrumento contra los adversarios o una obligación que alcanza también a los amigos, a los familiares y a los expresidentes.
Porque la corrupción no deja de ser corrupción cuando la cometen los nuestros. Porque la soberanía no se defiende protegiendo intereses particulares, sino fortaleciendo la ley. Y porque la prosperidad económica no puede construirse sobre la incertidumbre política ni sobre la fragilidad de las instituciones.
La verdadera transformación de México no consistirá en sustituir a una élite por otra, ni en proclamar que la corrupción desapareció porque cambió de partido.
Consistirá en construir una República donde nadie esté por encima de la ley.
Ni siquiera el presidente que prometió regenerarla.
