En un auditorio del Congreso, una frase encendió la mecha: “boicot”. Sin embargo, el verdadero incendio venía desde antes: enero de 2026 y una deuda fiscal de tamaño país.
Claro y Conciso | Alberto Castelazo Alcalá
Columnistas
Política Gurú
@Castelazoa
México cerró diciembre de 2025 con una postal que ya se volvió costumbre: política pública convertida en thread, y disputa fiscal disfrazada de cruzada moral.
Esta vez, la pelea no la protagonizó un “influencer” improvisado. La encabezó una secretaria de Estado: Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, contra Ricardo Salinas Pliego, jefe visible de Grupo Salinas.
El ring fue perfecto: un conversatorio en el Congreso de la CDMX, con transmisión institucional, recursos públicos y público joven. Es decir, el tipo de escenario donde una frase se vuelve doctrina en 53 segundos.
Ahí, la secretaria propuso un boicot. Primero, el boicot “ciudadano”: no consumir productos del grupo. Hasta ahí, discutible, pero defendible como postura política.
Sin embargo, después cruzó la línea útil y entró a la peligrosa: pidió que “los gobiernos de Morena” no contraten a TotalPlay. Y entonces ya no habló una activista: habló una funcionaria con micrófono oficial.
Por lo tanto, el problema dejó de ser moral y se volvió administrativo. En México, el cargo no es un saco que te quitas cuando te conviene. El cargo es una palanca que empuja, aunque tú jures que estabas “en modo civil”.
Ese argumento de la “doble personalidad” se estrella contra una realidad incómoda: cuando una autoridad habla, el mercado escucha. Y cuando el mercado escucha, se mueve dinero, se cortan contratos o se congelan licitaciones.
Además, el llamado no tocó el desempeño de TotalPlay como proveedor. No habló de calidad, precio, continuidad, ni cláusulas. Habló de castigo político por un pleito fiscal ajeno al contrato.
Eso, en cualquier manual serio, huele a abuso de funciones. La LGRA no se escribió para adornar conferencias; se escribió para que el Estado no use su poder como garrote selectivo.
Aun así, lo más revelador no fue el discurso. Fue el calendario. El boicot estalló cuando el verdadero reloj ya estaba corriendo: el cobro de un crédito fiscal monumental.
Porque el elefante no estaba en el auditorio. Estaba en el expediente: 51 mil millones de pesos. Una cifra tan grande que deja de ser número y se vuelve ecosistema.
Un mes antes, en noviembre de 2025, la SCJN cerró el caso: se agotaron recursos, se volvió firme la exigibilidad, y el mensaje fue claro. No era “opinión”, era resolución definitiva.
El origen técnico se conoce: el viejo esquema de consolidación fiscal y el pleito por pérdidas deducidas. La discusión puede tener matices, sí. Sin embargo, el fallo ya no los tiene: hay deuda exigible.
Y lo más importante: el SAT avisó que en enero de 2026 venía el requerimiento formal. O sea, la etapa donde la narrativa se acaba y empieza la maquinaria: ejecución fiscal.
En consecuencia, el boicot se entiende distinto. No como “activismo”, sino como presión previa. Como el ablandamiento público para que el cobro llegue con aplausos y no con dudas.
La 4T también jugó su carta: Claudia Sheinbaum sostuvo que el cobro es “legal, jurídico y administrativo”. Y remató con la promesa más rentable en política: “ese dinero financiará programas sociales”.
Así, el Estado convierte un litigio fiscal en catecismo. Y cuando el Estado predica, el contribuyente señalado queda etiquetado como villano aunque no haya sentencia penal, ni juicio moral universal.
Ahora bien, del lado empresarial, Salinas Pliego no contestó con un amparo discursivo. Contestó con su arma favorita: el conflicto personal, la ironía agresiva y el golpe al estómago mediático.
Primero, se envolvió en la bandera laboral: “12,000 familias dependen de mi empresa”. Es una estrategia eficaz, porque cambia el foco. Ya no se discute deuda; se discute Navidad, empleo y culpa.
Sin embargo, luego hizo lo que siempre hace cuando se siente acorralado: bajó al lodo. Lanzó frases y burlas que, por contexto, no son “simple estilo”, sino posible violencia política de género.
Aquí el antecedente importa. Salinas Pliego ya cargaba sanciones por publicaciones previas contra la misma figura. Por lo tanto, cada nueva frase se analiza como reincidencia, no como chiste aislado.
Y cuando hay reincidencia, el riesgo crece. INE y TEPJF ya han trazado rutas: retiro de publicaciones, medidas de reparación, cursos obligatorios y registro de sancionados.
Además, la discusión ya no se limita a “me cae mal”. Se vuelve jurídica: perspectiva de género, impacto simbólico y patrón reiterado. En ese terreno, el empresario se vuelve su peor abogado.
Mientras tanto, el país observa una escena absurda: una secretaria empujando un boicot institucional, y un empresario respondiendo con ataques personales. Ambos dicen defender “la democracia”, pero ambos estiran sus límites.
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Aquí aparece el punto fino: el Estado, cuando compra servicios, actúa como agente económico. Y si coordina compras para castigar a un proveedor, entra a territorio de competencia económica.
Por eso la palabra incómoda no es “boicot”, es COFECE. Si alguien arma un caso, el conflicto puede saltar de lo político a lo regulatorio, con recomendaciones, investigaciones y más ruido institucional.
Y aun si nadie denuncia, el daño ya opera: el solo amago puede congelar contratos futuros. No necesitas cancelar masivamente hoy; basta con cerrar la puerta mañana.
Eso impacta a TotalPlay, pero también manda un mensaje al resto del sector privado: “si te peleas con el poder, el poder te puede sacar de la fila”. Aunque sea de manera sutil, aunque sea “técnica”.
Por lo tanto, el verdadero riesgo no es solo para Grupo Salinas. Es sistémico. Porque cuando el cobro de impuestos se politiza, la recaudación deja de verse universal y empieza a verse selectiva.
Y cuando el Estado usa el músculo contractual como arma narrativa, cualquiera que licite con gobierno se pregunta lo inevitable: ¿me evalúan por servicio o por simpatías?
Enero de 2026, entonces, no es solo un mes. Es una prueba. Si el SAT ejecuta con método, transparencia y sin espectáculo, fortalece al Estado de derecho.
Si, en cambio, ejecuta con aplausómetro, boicot y vendetta, abre la puerta a la batalla larga: litigios, narrativa de persecución y, en el extremo, alegatos internacionales por trato discriminatorio.
México no necesita empresarios mártires ni secretarías activistas con poder de compra. Necesita reglas, procesos y sanciones donde correspondan. Y, sobre todo, necesita que la ley no se vuelva tendencia.
Porque al final, el fisco no cobra con hashtags. Cobra con procedimientos. Y el país no se gobierna con “likes”. Se gobierna con instituciones que sepan decir “sí” y “no”, sin rencor y sin show.
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