El relevo de tres consejerías del INE parece un procedimiento institucional más. Sin embargo, detrás del calendario formal late una disputa de fondo: si Morena usa su fuerza para capturar al árbitro electoral, la confianza en las elecciones podría entrar en zona de riesgo.
Claro y Conciso | Alberto Castelazo Alcalá
Opinión
Política Gurú
@Castelazoa
El árbitro no puede salir de la bancada
El relevo de tres consejerías del INE no es un trámite menor. Es una cirugía mayor al árbitro electoral. Y hoy, para variar, el bisturí lo tiene el oficialismo. La Cámara de Diputados ya activó el proceso para designar a quienes ocuparán, por nueve años, los lugares que dejaron Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera, cuyos encargos concluyeron el 4 de abril de 2026. La ruta está publicada y, en papel, suena impecable. El problema no está en el manual. Está en la mano que lo ejecuta.
Morena no necesita gritar para controlar
Aquí está el punto incómodo. El procedimiento arranca con un Comité Técnico de Evaluación, sigue en la Junta de Coordinación Política y termina en el pleno de San Lázaro, donde se exige mayoría calificada. Además, el acuerdo fija fechas concretas: registros del 23 al 27 de marzo, evaluación hasta el 17 de abril, listas a partir del 20 de abril y votación en Cámara a más tardar el 22 de abril; si no hay acuerdo, se prevé una salida posterior incluso por insaculación. Todo muy constitucional. Todo muy institucional. Sin embargo, cuando el mismo bloque domina cada estación del trayecto, la pregunta ya no es si habrá proceso, sino si habrá pluralidad real.
El riesgo no es legal; es político
Morena entendió algo hace tiempo: no hace falta incendiar una institución para doblarla. Basta con llenarla de perfiles dóciles, administrarle recortes y vender el control como si fuera eficiencia republicana. El daño, por lo tanto, no siempre entra por la puerta del escándalo. A veces entra sonriendo, con currículum limpio, lenguaje técnico y una obediencia perfectamente planchada.
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Ese es el verdadero fondo del relevo en el Consejo General. Si los nuevos nombramientos salen de una lógica de cuotas del poder, el instituto no se desploma de inmediato. Peor: sigue funcionando. Organiza elecciones. Emite acuerdos. Saca comunicados. Pero empieza a perder lo esencial: la confianza de quienes deben aceptar sus decisiones incluso cuando pierden.
Sin confianza, regresa el México de siempre
Y ahí está la trampa. Un órgano electoral no vive solo de leyes. Vive de legitimidad. Si la oposición, los actores políticos y una parte creciente de la ciudadanía perciben que el árbitro ya trae camiseta abajo del saco, cada resolución se vuelve sospechosa. Cada conteo se ensucia. Cada diferencia cerrada huele a pleito. En consecuencia, el país vuelve a coquetear con ese viejo deporte nacional: desconocer resultados cuando no convienen.
México ya pasó por esa película. La conoce demasiado bien. Durante décadas, los conflictos poselectorales nacieron justo ahí: en la idea de que la autoridad no era autoridad, sino extensión del gobierno en turno. Costó años, reformas, crisis y presión pública construir un árbitro con peso propio. Sería un acto de torpeza histórica dinamitar esa credibilidad desde dentro, justo cuando el país necesita certeza y no otro laboratorio de sospechas.
El problema no son tres nombres; es el mensaje
La salida de Zavala, Ravel y Rivera pesa porque eran vistos, con matices, como contrapesos dentro del consejo. Quitarlos al mismo tiempo abre un hueco político delicado. Si ese vacío se llena con perfiles cercanos al oficialismo, el mensaje será devastador: el poder ya no quiere convivir con un árbitro autónomo; quiere un árbitro administrable.
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Además, el antecedente no ayuda. Desde la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del instituto, las dudas sobre cercanía política no han desaparecido. Tampoco han ayudado las polémicas sobre nombramientos internos y el contexto familiar y político que ha rodeado su gestión. Ese ruido previo no prueba captura institucional por sí mismo, pero sí vuelve mucho más costoso cualquier nombramiento que no sea impecable en independencia y solvencia técnica.
Si Morena se impone, también se dispara al pie
Aquí viene la ironía fina. Dominar al INE puede parecer una victoria táctica para Morena, pero también puede convertirse en su peor error estratégico. Porque un árbitro débil no solo perjudica al adversario. También le quita legitimidad al que gana. Y ganar sin credibilidad es administrar una victoria de cartón.
Por eso, el oficialismo todavía está a tiempo de hacer algo raro en estos tiempos: comportarse como mayoría democrática y no como mayoría propietaria. Puede empujar perfiles serios, técnicos, independientes y aceptables más allá de su tribu. Puede construir consenso en lugar de presumir músculo. Puede, en suma, evitar que el INE deje de ser institución y empiece a parecer sucursal.
Si no lo hace, luego que no se sorprenda cuando el país vuelva a discutir no quién ganó una elección, sino quién controló al árbitro antes de contar el primer voto.
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