Muertes recientes de mandos de la Marina con vínculos a aduanas y huachicol fiscal reactivan preguntas incómodas. Más allá del discurso, hacen falta auditorías, contrapesos y resultados verificables.
Claro y Conciso
Alberto Castelazo
@Castelazo
Política Gurú
Los decesos de mandos de la Marina ligados a aduanas y huachicol fiscal prenden alarmas. Con serenidad, preguntamos: ¿quién gana con silencio institucional persistente?
Además, el patrón se repite en Manzanillo, Altamira y Puerto Peñasco. Oficiales vinculados a controles portuarios murieron en circunstancias opacas que merecen escrutinio público.
Sin embargo, la narrativa oficial insiste en la casualidad. Se invocan accidentes, mientras la trama del contrabando se vuelve más densa y visible.
El capitán Adrián Omar del Ángel murió durante una práctica de tiro. Antes, lo relevaron de la Aduana de Manzanillo en 2023, en plena reconfiguración.
Después, Abraham Jeremías Pérez apareció muerto en indagatorias por redes de huachicol. Autoridades afirmaron que no había certeza; la duda, sin embargo, persiste.
Asimismo, Sergio Emanuel Martínez, ligado a Manzanillo y Matamoros, lo levantaron y asesinaron. El caso retrata puertos capturados por intereses criminales y operadores con protección.
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También pesa la memoria del contralmirante Fernando Rubén Guerrero, asesinado tras denunciar estructuras huachicoleras. Su nombre recuerda cuánto cuesta enfrentar redes con cobertura institucional.
No obstante, la FGR presume catorce detenciones. La cifra luce corta frente al desfalco y la profundidad de las complicidades en puertos estratégicos.
Además, los Farías Laguna aparecen como bisagra. Sus conexiones describen un engranaje donde la corrupción lubricó entradas y salidas de combustible durante años.
Mientras tanto, el discurso gubernamental intenta clausurar el tema. Autoridades ofrecen condolencias, pero se ignora la pregunta central: ¿quién ordenó y protegió?
En consecuencia, la hipótesis de operación limpieza ya no suena descabellada. Muertes, suicidios y accidentes oportunos adelgazan expedientes, desaniman testigos y encadenan miedos persistentes.
Por eso, el llamado es puntual: auditar procesos, proteger testigos y blindar fiscalías. Sin eso, cada muerte acabará como archivo, no como verdad.
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Aun así, hay contrapesos útiles. La SCJN y el Congreso pueden exigir controles externos, informes periódicos y comparecencias de alto nivel con calendarios verificables.
Además, urgen auditorías en Semar, Aduanas y Puertos. Trazabilidad de cargamentos, contratos, rotaciones y bitácoras debe publicarse parcialmente, auditada por órganos autónomos.
Entonces, la limpieza debe ser institucional, no forense. Si la corrupción se barre con funerales, el mensaje será inequívoco: el crimen dicta la agenda nacional.
Finalmente, la ciudadanía cuenta. Denunciar, seguir el dinero y evaluar presupuestos presiona puertas cerradas. La transparencia no mata; la opacidad sí y eterniza impunidad. Así, México merece puertos seguros, mandos responsables y justicia oportuna. Menos comunicados, más resultados medibles: esa sería la mejor señal de cambio.
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