Estados Unidos elevó la presión contra el CJNG con nuevos cargos, restricciones de visa y recompensas por 102 millones de dólares. México debe defender su soberanía, pero también investigar cualquier red de protección con pruebas y sin cálculos políticos.
Claro y Conciso | Alberto Castelazo Alcalá
Opinión
Columnistas
Política Gurú
@Castelazoa
Donald Trump elevó de nuevo la presión sobre México. Esta vez, su gobierno presentó cargos, aumentó recompensas y endureció las restricciones de visa contra quienes identifica como líderes, operadores y facilitadores del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Washington ofrece hasta 102 millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de ocho personas. La mayor recompensa, de 25 millones, corresponde a Juan Carlos Valencia González, El Pelón, señalado en documentos judiciales estadounidenses como sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
La lista también incluye a Audias Flores Silva, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, Julio Alberto Castillo Rodríguez, Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Ricardo Ruiz Velasco y Griselda Margarita Arredondo Pinzón. No todos enfrentan las mismas acusaciones ni se encuentran en la misma situación jurídica.
Además, el Departamento de Justicia informó sobre cargos recientemente revelados contra cinco presuntos mandos del cártel. Se trata de imputaciones que todavía deberán probarse ante los tribunales. Hasta entonces, la presunción de inocencia sigue vigente.
La ofensiva tiene un punto atendible. Los cárteles ya no dependen exclusivamente del narcotráfico. Sus redes también recurren al lavado de dinero, el contrabando de combustible, empresas fachada y fraudes cada vez más sofisticados.
El negocio de los tiempos compartidos ilustra esa transformación. Según autoridades estadounidenses, miles de ciudadanos de ese país han reportado pérdidas por cientos de millones de dólares relacionadas con fraudes cometidos en México. Parte de esos recursos, sostiene Washington, habría terminado en manos del CJNG.
Te puede interesar: Milei acusa a México y Brasil: muchos señalamientos, ninguna prueba
Por lo tanto, combatir al crimen organizado exige seguir el dinero. No basta con capturar operadores armados mientras permanecen intactas las cuentas, compañías, redes financieras y complicidades que permiten funcionar a la organización.
Hasta ahí, Trump tiene razón.
El problema aparece cuando la procuración de justicia adopta lenguaje de guerra. Funcionarios estadounidenses hablan de “cazar”, “desmantelar”, “destruir” y “aniquilar” al cártel. Esa retórica puede tener eficacia política, pero también abre dudas sobre los límites de la estrategia.
Hasta el momento, Washington anunció medidas judiciales, financieras y migratorias. No informó de una operación armada dentro de México. Presentar esta ofensiva como una incursión unilateral rebasaría, por ahora, los hechos disponibles.
Sin embargo, tampoco puede ignorarse el mensaje político. Estados Unidos deja claro que utilizará sus instituciones para perseguir al CJNG y a quienes, según sus investigaciones, facilitan sus operaciones. La advertencia incluye a posibles funcionarios corruptos, aunque ninguna autoridad estadounidense reveló nombres durante el anuncio.
Ahí comienza la responsabilidad del gobierno mexicano. Claudia Sheinbaum tiene razón al defender la soberanía nacional. México no puede aceptar que agentes o fuerzas extranjeras actúen libremente dentro de su territorio. La cooperación debe respetar la Constitución y mantener las operaciones bajo control de las instituciones nacionales.
Pero la soberanía no puede servir como refugio para la impunidad.
Si Washington posee información sobre funcionarios vinculados con el CJNG, debe compartir nombres, pruebas y expedientes por los canales legales. A su vez, la Fiscalía General de la República tendría que investigar sin cálculos partidistas, protección de apellidos ni cercanías con el poder.
Estados Unidos también debe asumir su parte. El mercado estadounidense consume las drogas, su sistema financiero puede ser utilizado para mover ganancias ilícitas y desde su territorio salen armas destinadas a organizaciones criminales. El problema cruza la frontera en ambas direcciones.
Síguenos en X (antes Twitter) para mantenerte siempre informado
De hecho, el Departamento del Tesoro ha documentado esquemas de contrabando de combustible que involucran empresas y operadores tanto de México como de Estados Unidos. Algunas de esas acciones fueron coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, lo que contradice la idea de que toda la estrategia se desarrolla sin colaboración bilateral.
También conviene separar los hechos de las coincidencias. La suspensión temporal de las inspecciones de aguacate en Michoacán ocurrió después de una alerta de seguridad. Hasta ahora, no existe evidencia pública que permita presentarla como una represalia vinculada con el anuncio contra el CJNG.
Lo mismo debe aplicarse a los supuestos políticos investigados. Señalar a gobernadores, senadores o familiares de expresidentes sin documentos judiciales, sanciones o confirmación oficial sería especulación. Una acusación extranjera no sustituye las pruebas ni el debido proceso.
Trump acierta al golpear las finanzas y las redes que sostienen al cártel. Sin embargo, la justicia pierde seriedad cuando parece confundirse con el espectáculo. México, por su parte, cometería un grave error si respondiera únicamente con discursos nacionalistas.
La salida exige algo más difícil: compartir información, investigar a fondo y castigar a quien resulte responsable. Cooperación sin subordinación, sí. Soberanía como principio, también. Pero impunidad envuelta en la bandera, nunca.
Be the first to comment on "Trump contra el CJNG: justicia sin subordinación"