La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que las extradiciones y operativos contra el narcotráfico son “decisiones soberanas”. Sin embargo, la presencia e inteligencia de Estados Unidos cuenta otra historia.
Claro y Conciso
Alberto Castelazo
@Castelazo
Política Gurú
La “soberanía nacional”, ese concepto romántico del siglo XIX, ha sido una bandera política recurrente para justificar decisiones frente a la presión de Estados Unidos. Desde Santa Anna, que la invocaba mientras entregaba la mitad del territorio, hasta presidentes priistas que predicaban independencia en público y colaboraban con la CIA en privado, la historia mexicana está llena de contradicciones. Incluso en tiempos recientes, como la guerra contra el narco de Felipe Calderón, el discurso soberano sirvió para encubrir una creciente injerencia estadounidense.
Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum intenta sostener la narrativa de la vieja izquierda: cooperación, sí, pero sin sumisión. Según su discurso, los “vendepatrias” son los opositores, mientras ella defiende el territorio. Sin embargo, en Washington, su postura es vista como resistencia a enfrentar directamente a los cárteles que su antecesor habría protegido.
La pregunta es inevitable: ¿de qué soberanía hablamos cuando, según el Departamento de Estado, más del 30% del territorio está bajo control del crimen organizado? ¿Qué sentido tiene defender la integridad nacional si el Estado comparte funciones esenciales —como seguridad, recaudación y justicia— con capos y sicarios?
Ayer, Sheinbaum, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el fiscal Alejandro Gertz Manero insistieron en que la extradición de 26 capos no obedeció a presiones de EE.UU., sino a “decisiones soberanas”. Mientras tanto, un dron estadounidense sobrevolaba Valle de Bravo para localizar objetivos criminales, y el Departamento del Tesoro anunciaba el desmantelamiento de una red del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada a fraudes inmobiliarios.
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Si México es tan soberano, ¿por qué los casos de corrupción en Pemex se investigan primero en EE.UU.? Hace poco, fiscales estadounidenses acusaron a dos empresarios de sobornar a funcionarios mexicanos para obtener contratos. Aquí, en cambio, la corrupción permanece protegida. Lo mismo ocurre con las alertas de lavado de dinero en bancos nacionales, que provienen del Tesoro y no de la Unidad de Inteligencia Financiera o la Fiscalía General.
García Harfuch declaró que el dron en Valle de Bravo no era militar, aunque todo equipo de ese tipo provisto por el Pentágono cumple funciones de inteligencia. Además, reconoció que su presencia fue solicitada por autoridades mexicanas. Esto confirma que hay un flujo constante de tecnología y agentes tácticos estadounidenses operando ya en territorio nacional.
La inminente firma del nuevo Acuerdo de Seguridad México-Estados Unidos probablemente formalizará esta colaboración. En la práctica, será la inteligencia de Washington —ahora fortalecida con herramientas tecnológicas avanzadas— la que fije objetivos, y México quien ejecute. En ese tablero, Harfuch se perfila como el “hombre fuerte” para ambas capitales.
La “sagrada soberanía” quedará entonces subordinada a las órdenes de Donald Trump si retorna a la Casa Blanca, especialmente bajo su agenda contra el narcoterrorismo. Tal vez Sheinbaum debería empezar por ejercer su propia soberanía política, tomando decisiones sin las “sugerencias” que puedan llegar desde Palenque.
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En paralelo, las cifras oficiales ofrecen un contraste llamativo. El INEGI reportó que 8.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2022 y 2024, pasando de 46.8 a 38.5 millones. La presidenta celebró con júbilo en su conferencia matutina: “¡Que viva la Cuarta Transformación!”.
Pero dentro del mismo informe hay un dato preocupante: en 2018, el 16.2% de la población carecía de servicios de salud, es decir, 20.1 millones de personas. En 2024, la cifra se disparó al 34.2%, equivalente a 44.5 millones. El desmantelamiento del Seguro Popular, el fracaso del Insabi y las carencias del IMSS-Bienestar han dejado sin atención médica a millones que antes sí la tenían.
Las transferencias de efectivo pueden aliviar momentáneamente la pobreza, pero no garantizan acceso a servicios de calidad. Peor aún, muchos de quienes conservan cobertura médica enfrentan hospitales sin medicinas y con infraestructura deficiente, obligándolos a acudir a farmacias privadas.
Defender la soberanía no es solo resistir presiones externas; también implica garantizar que la ciudadanía tenga seguridad, justicia y salud. Sin eso, la bandera nacionalista se convierte en un recurso discursivo vacío, más útil para mítines que para gobernar.
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