El gobierno defendió protocolos, pero la caja negra del Tren Interoceánico definirá si hubo exceso de velocidad, fallas y responsables tras 13 muertes.
Conferencia del Pueblo | Claudia Sheinbaum
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El Tren Interoceánico se descarriló en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, y el gobierno hoy intentó cerrar la herida con un discurso de control.
Sin embargo, la realidad no cabe en una frase: todavía faltaba recuperar un cuerpo, y la escena seguía siendo de rescate, no de “normalidad”.
Por eso, cuando Claudia Sheinbaum promete “esclarecer los hechos”, la pregunta inmediata es otra: ¿quién permitió que el riesgo viajara con pasajeros?
Además, la presidenta anunció que viajará a la entidad para ver hospitalizados y familias; el gesto ayuda, aunque no reemplaza responsabilidades.
Mientras tanto, Semar tomó el micrófono técnico: el almirante Raymundo Morales afirmó que revisaron la vía con un Hi-Rail sin reportar novedades.
Aun así, el dato duro golpea: 13 personas murieron; 12 cuerpos ya fueron recuperados, y uno, según versiones, seguía atrapado bajo el convoy.
En consecuencia, la narrativa oficial se volvió una cuerda floja: “sí revisamos” contra “aun así pasó”, y en medio quedaron las víctimas.
Luego apareció el corazón del caso: el Pulser, la caja negra ferroviaria, que registra velocidad, freno, acelerador y dirección.
De hecho, ahí se juega todo, porque varios sobrevivientes dijeron algo que ningún “certificado” borra: “Iba muy rápido” y temían por los frenos.
Por lo tanto, la discusión dejó de ser política y pasó a ser mecánica: si el registro confirma exceso, el discurso se cae solo.
Sí, en cambio, el registro no marca anomalías, entonces la falla se muda a mantenimiento, operación, trazado o supervisión previa.
Asimismo, el gobierno dijo que todo está bajo cadena de custodia y que evaluarán FGR y la Agencia del Transporte Ferroviario.
Eso suena correcto; no obstante, también es el mínimo, porque la confianza no se decreta: se gana con datos completos y a tiempo.
Al mismo tiempo, Sheinbaum defendió los trenes heredados de AMLO y los nuevos, y repitió que cumplen “requisitos técnicos”.
Además, soltó una línea reveladora: “No voy a debatir con el presidente del PRI”; es decir, convirtió una tragedia en pleito de tribuna.
Sin embargo, el país no necesita debate: necesita un peritaje público, cronología clara y responsables con nombre, no con adjetivos.
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En paralelo, la mandataria movió piezas: Miguel Torruco llegará como subsecretario de prevención a la SSPC de Harfuch.
Ese anuncio también habla de control político: cuando hay crisis, el gobierno refuerza el tablero, aunque el problema esté en las vías.
Y, para completar el patrón, criticó que en Veracruz acusen de terrorismo al periodista Rafael León Segovia y pidió explicación.
Bien; pero la frase “libertad de expresión por encima de todo” pesa distinto cuando el Estado presume orden y la calle ve miedo.
Hoy, el mensaje central quedó desnudo: el gobierno promete seguridad, pero la seguridad se mide en hechos, no en conferencias.
Ahora la caja negra debe hablar; y si habla duro, la historia ya no la escribirá Palacio, sino los datos.
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