La investigación de la FGR sobre el huachicol fiscal escaló hacia Vector Casa de Bolsa. Según la causa penal 325/2025, Grupo Potesta habría canalizado 220 millones mediante Vector, mientras el caso Farías Laguna destapa una red con alcance nacional.
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Vector Casa de Bolsa, ligada a Alfonso Romo, quedó bajo escrutinio. La FGR investiga si facilitó lavado asociado al huachicol fiscal que operaba en puertos.
Según la causa penal 325/2025, Grupo Potesta movió 220 millones vía Vector, sin fechas registradas; así, recursos habrían salido a otras entidades para ocultar origen.
Además, movimientos sostienen órdenes contra Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados por permitir arribo de 14 buques con diésel de contrabando en terminales estratégicas.
En paralelo, Vector figura entre 36 empresas financieras e importadoras bajo sospecha. Desde junio, enfrenta sanciones del Departamento del Tesoro por vínculos con cárteles mexicanos.
Tras una prórroga, restricciones entraron en vigor este mes. Por ello, Vector, Intercam y CIBanco no operan con el sistema financiero estadounidense por cumplimiento antilavado.
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Asimismo, SAT reporta nexos comerciales entre Grupo Base Energéticos y Vector. Mientras tanto, Altos Energéticos Mexicanos y Era Tech Combustibles integran la constelación de intermediarios.
De hecho, Era Tech Combustibles fue relacionada con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la FGR cruza datos para robustecer rutas, montos y beneficiarios detectados.
Autoridades investigan también a Impulsora de Productos Sustentables. Su apoderado fue accionista de Agrícola Boreal, sancionada por OFAC y asociada a Los Cuinis, aliados CJNG.
Para colmo, Jeniffer Beaney Camacho, Diana Sánchez y Silvia Romina Sánchez destacan como accionistas. Así, la madeja conecta con estructuras previamente bloqueadas por autoridades estadounidenses.
En números, la red alcanzaría ocho puertos y 555 empresas con roles distintos. No obstante, autoridades priorizan a quienes cerraban aduanas para acelerar descargas irregulares.
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En el caso Potesta, la FGR halló inconsistencias: reportó 87 millones en 2023, ocho empleados, y emitió facturas por 1,700 millones de proveedores bajo revisión.
Además, Potesta opera oficinas en Puebla, Ciudad de México y Tamaulipas. Con ello, huella logística cubre rutas clave para importación, almacenamiento y distribución de combustibles.
Para inversionistas y clientes, riesgo tangible. Por eso, habrá auditorías, congelamientos y revisiones de cumplimiento mientras el mercado ajusta operaciones y contratos con contrapartes expuestas.
Al final, mensaje claro: sin controles, huachicol fiscal contamina finanzas y logística. Sin embargo, con trazabilidad y sanciones, la cadena sí podría limpiarse bien progresivamente.
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