La reforma electoral de Claudia Sheinbaum fue frenada en la Cámara de Diputados tras no alcanzar mayoría calificada. Ahora, Morena explora una ruta alterna por leyes secundarias, aunque los cambios más profundos al sistema no podrán trasladarse intactos.
Editorial | Política
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La reforma electoral de Claudia Sheinbaum sufrió su primer gran tropiezo en San Lázaro. La iniciativa no alcanzó la mayoría calificada y fue rechazada en la Cámara de Diputados, con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. El dato político de fondo no fue solo la derrota, sino la fractura exhibida dentro del bloque oficialista: PT y PVEM se desmarcaron del proyecto en sus puntos más sensibles.
Lejos de cerrar el episodio, Morena decidió abrir una nueva ruta. Ricardo Monreal confirmó que, tras el fracaso de la reforma constitucional, el oficialismo prepara un “plan B” para intentar rescatar parte de su agenda mediante cambios a leyes secundarias. Esa vía no requiere mayoría calificada, pero tampoco permite rehacer por completo el diseño constitucional del sistema electoral.
Ahí está el primer matiz que conviene subrayar. En la versión inicial del debate se instaló la idea de que Morena podría avanzar, por sí solo, en casi todo lo que pretendía la reforma original. No es así. El propio Monreal ha reconocido que asuntos como la reducción de plurinominales y el recorte al financiamiento partidista no pueden trasladarse mecánicamente a la legislación secundaria. En otras palabras, el oficialismo sí tiene margen de maniobra, pero no carta blanca.
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La reforma enviada por Sheinbaum buscaba modificar once artículos de la Constitución. Entre otros puntos, proponía eliminar los 32 escaños plurinominales del Senado, mantener los 500 diputados pero cambiar el método para asignar los 200 de representación proporcional, reducir 25 por ciento el financiamiento a los partidos y ajustar remuneraciones en órganos electorales. Ese paquete, precisamente por su alcance constitucional, requería una mayoría que Morena no logró construir.
También conviene poner en orden otro punto: el fuero. Aunque Sheinbaum expresó en semanas previas que esa figura “debería eliminarse”, el tema finalmente no quedó incorporado en la iniciativa constitucional que llegó al Congreso. Por eso, presentarlo como una reforma ya encaminada resulta impreciso. Hoy, más que una decisión legislativa consolidada, sigue siendo una posición política de la Presidenta.
El nudo de la discusión sigue siendo la representación proporcional. PT y PVEM vieron en la propuesta un golpe directo a su supervivencia política, porque la nueva fórmula reducía el peso de las listas y elevaba el costo electoral de conservar espacios sin una votación competitiva en territorio. Esa resistencia explica por qué la reforma naufragó antes de siquiera abrir una negociación de fondo en el pleno.
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Lo que viene ahora es una etapa menos espectacular, pero igual de relevante. Sheinbaum se reunió con coordinadores de Morena, así como con figuras del Verde y del PT, para revisar la agenda posterior al rechazo. El mensaje del oficialismo es que no dará por cerrada la discusión. Sin embargo, el dato duro es otro: incluso dentro de la llamada 4T, la reforma electoral dejó de ser un asunto de disciplina automática y se convirtió en un terreno de negociación abierta.
Así, el llamado “plan B” no debe leerse como una reedición íntegra de la reforma caída, sino como un intento de rescatar piezas viables, medir fuerzas y mantener viva una bandera política que Sheinbaum considera central. La derrota en San Lázaro no liquidó la agenda electoral del oficialismo, pero sí la obligó a aterrizarla. Y en política, cuando un proyecto baja de la Constitución a las leyes secundarias, también baja su alcance, su velocidad y su margen de imposición.
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