El acuerdo entre Grupo Salinas y el SAT para cubrir 32,132 millones de pesos marca un punto de quiebre y abre otra pregunta: ¿qué viene para Ricardo Salinas Pliego y para la confianza fiscal del país?
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El acuerdo entre Grupo Salinas y el SAT para cubrir 32,132 millones de pesos marca un punto de quiebre. Además, cambia el foco: ya no se discute solo la deuda, sino lo que viene después para Ricardo Salinas Pliego y para el clima de negocios.
El grupo presenta el pago como una decisión pragmática: cerrar un frente que consumía recursos y atención. Sin embargo, también busca enviar un mensaje de fortaleza: “pagamos y seguimos”, sin conceder, al menos públicamente, la razón jurídica del cobro.
Del lado del gobierno, el acuerdo sirve como trofeo político. Por eso, la autoridad presume recaudación sin anunciar nuevos impuestos y refuerza la idea de “piso parejo”. Aun así, el reto real no es narrativo: es sostener reglas claras y consistentes.
Aquí entra el ciudadano común. Cuando una persona o una pyme se atrasa, el sistema reacciona rápido con recargos y sanciones. En cambio, un conglomerado puede litigar años y negociar al final. En consecuencia, crece la percepción de doble rasero.
Sin embargo, también existe un ángulo práctico: ese dinero entra a la Tesorería y mejora flujo público. Además, manda una señal a otros grandes contribuyentes: el litigio eterno tiene costo. Por eso, el Estado gana si convierte este caso en estándar, no en excepción.
Para Salinas Pliego, el cierre fiscal le quita al gobierno su argumento más contundente: llamarlo “deudor”. Así, recupera margen frente a bancos, inversionistas y socios. Además, puede reorganizar su agenda sin el desgaste diario de una disputa que ya dominaba su marca personal.
Ahora bien, la pregunta clave es política. En meses recientes, el empresario ha impulsado una narrativa de liberalismo económico, defensa de la propiedad privada y crítica al estatismo. Por eso, aunque evite la etiqueta de candidato, actúa como un actor en construcción.
Ese discurso puede conectar con sectores cansados del pleito partidista. De hecho, la clase media, emprendedores y pequeños comerciantes buscan certidumbre, seguridad y reglas estables. Así, una voz con plataforma mediática y recursos puede capitalizar descontento real.
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Pero el acuerdo no elimina el conflicto: lo traslada. A partir de ahora, el choque puede moverse a lo regulatorio y financiero: permisos, concesiones, supervisión y auditorías. Asimismo, el frente mediático seguirá abierto, porque ambos bandos compiten por legitimidad.
Para el gobierno, el dilema es delicado. Si baja la presión, desinfla la narrativa de persecución; pero si la sube, alimenta el victimismo útil. Por eso, la salida inteligente exige debido proceso, decisiones técnicas y controles institucionales, no golpes de efecto.
Mientras tanto, el propio grupo parece reacomodar piezas. La eventual venta de activos deportivos y la reorganización de negocios sugieren enfoque: menos frentes, más eficiencia. Además, Salinas puede usar su tiempo liberado para construir base social y alianzas fuera de partidos.
Además, en la oposición se nota el vacío rumbo a 2030. Por eso, algunos líderes ya lo miran como opción si logra construir una base propia. En esa lógica, primero va la agenda y después el vehículo electoral: un partido puede ser herramienta, no destino.
Al final, el impacto en la gente se mide en confianza. Si el Estado cobra con consistencia, fortalece el Estado de derecho; si negocia opaco, lo erosiona. Y si un empresario paga, debe evitar convertir al fisco en ring electoral. La factura siempre llega a empleo, crédito y precios.
Crédito: Esta editorial está basada en la columna de Mario Maldonado, NegoCEOs, publicada en El Universal.
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