El atentado contra diputados de MC en Culiacán no solo exhibió la violencia: abrió un choque político entre Rocha y Harfuch por el control de la estrategia de seguridad en Sinaloa.
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El atentado a los diputados de MC en Culiacán: también asomó una disputa por quién manda —y quién paga— en la seguridad de Sinaloa.
El hecho, por sí mismo, es brutal: dos legisladores fueron emboscados a plena luz del día, con civiles alrededor, y con escoltas heridos. Sin embargo, lo que sigue suele ser igual de determinante: la batalla por la narrativa. Cuando el discurso oficial se fractura, suben los costos.
Según el columnista, el gobernador Rubén Rocha repite en privado una frase con ironía: “A mí Omar García Harfuch siempre me dijo que en tres meses quedaba blindado el estado”. Y ahí está la grieta: si hubo promesa de blindaje, el ataque se vuelve prueba de fracaso.
Además, el golpe ocurrió en una zona pública y a mediodía. Por eso, Rocha lo interpreta como un desafío directo a la presencia federal. En consecuencia, sube el tono contra el secretario: no le discute solo la estrategia; le discute la autoridad. En política, eso acelera el choque.
Al mismo tiempo, aparecen versiones sobre el móvil. Francisco Labastida ventiló la hipótesis de un conflicto sindical; Rocha, siempre según esa lectura, desconfía y sospecha que la explicación “suaviza” el caso y protege al entorno federal. Mientras tanto, MC exige castigo y advierte impunidad.
En paralelo, el gobierno federal anunció refuerzos militares para la entidad. Eso puede calmar por unos días, pero también revela la dimensión del problema: si se manda tropa, es porque el control no está garantizado. Y aunque la coordinación suene bien en un comunicado, en el terreno hay fricción.
De hecho, desde Palacio Nacional se dijo que ya había detenidos y que se revisan cámaras e inteligencia. Esa reacción es necesaria; aun así, no sustituye lo básico: prevención local, investigación y controles. Si el ciudadano solo ve operativos después del escándalo, la confianza se erosiona.
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Ahí entra otro punto clave: la tensión entre emisarios de Harfuch y mandos militares en tareas operativas. Si cada actor cuida su territorio, la estrategia se vuelve un mosaico de parches. Mientras tanto, el ciudadano paga la consecuencia: traslados con miedo, negocios con cortina abajo, clases suspendidas.
Por eso el debate no es solo “quién se equivoca”, sino “quién se beneficia” del choque. Si Rocha desplaza al secretario de la escena sinaloense, gana margen local. Pero si la Federación cede, también manda un mensaje: los gobernadores pueden condicionar la política con crisis puntuales.
El riesgo mayor es que todo se reduzca a una guerra de egos. Porque, cuando la prioridad es salvar reputaciones, se aplaza lo esencial: inteligencia, coordinación y resultados medibles. Sinaloa no necesita solo visitas; necesita mando claro. Y, sobre todo, necesita que la política deje de negociar con el miedo.
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