El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos avaló el uso de fuerza letal contra cárteles incluidos en una lista secreta. La medida, fechada el 6 de octubre, desató alertas por sus alcances legales y diplomáticos.
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El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos avaló el uso de fuerza letal contra cárteles en una lista secreta, según CNN.
Además, la opinión fue elaborada por la Oficina de Asesoría Legal, fechada el 6 de octubre, bajo lógica de “amenaza inminente” para estadounidenses.
Según el reporte, el presidente Donald Trump podría aprobar operaciones selectivas contra integrantes de esa lista.
En consecuencia, la persecución típica de delitos se vería desplazada por acciones de carácter militar, sin identificación pública de objetivos.
Sin nombres divulgados, la lista abarca grupos que, según Washington, representan “amenazas”.
Sin embargo, expertos alertan que el criterio resulta difuso y podría ampliarse.
Así, la definición de objetivo quedaría en manos del Ejecutivo con mínima revisión independiente.

El documento, de circulación reservada, sostiene que la fuerza letal sería legal cuando la amenaza es “inminente”.
No obstante, juristas advierten que esa noción ha sido estirada en otros contextos y habilita usos excesivos.
En paralelo, críticos temen una “guerra indefinida” contra organizaciones criminales transnacionales.
Por lo tanto, existe riesgo de normalizar ejecuciones sumarias sin debido proceso y con efectos colaterales difíciles de medir.
Además, fuentes de defensa señalan que operar con secreto complica la rendición de cuentas.
A la par, legisladores piden conocer los criterios, límites geográficos y salvaguardas para civiles, hoy poco claros o inexistentes.
Para México, el tema tiene implicaciones sensibles e inmediatas en seguridad, diplomacia y economía.
Por un lado, impacta la cooperación antidrogas, los acuerdos de inteligencia y los operativos conjuntos.
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Por otro, cualquier acción extraterritorial podría tensar la relación y exigir protocolos binacionales más estrictos.
Mientras tanto, la Casa Blanca defiende que el objetivo es disuadir a redes que inundan el mercado con sintéticos.
Con todo, especialistas replican que la fragmentación de los grupos reduce la eficacia de golpes tácticos aislados.
En síntesis, la opinión del Departamento de Justicia abre una ventana legal extraordinaria.
Sin embargo, su aplicación real exigirá transparencia, controles democráticos y coordinación internacional, si se busca evitar abusos y efectos contraproducentes.
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