La IMLEB del Congreso de EU alertó que la reforma judicial mexicana y los recortes al nuevo modelo laboral amenazan el cumplimiento del T-MEC. Además, crece la inquietud por eventuales acuerdos bilaterales.
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La advertencia llegó desde Washington y encendió focos rojos en México. La IMLEB señaló que la reforma judicial puede afectar compromisos del T-MEC. Además, apuntó a los recortes.
Según el panel, la elección de junio dejó jueces sin experiencia en puestos clave. Por eso, la implementación laboral del tratado corre riesgos reales. Y el panorama preocupa.
Además, los recortes presupuestales al nuevo modelo laboral tensan aún más el escenario. Los juzgados operan con recursos limitados. Así, cumplir estándares laborales internacionales se complica.
El informe recuerda que se capacitaron 68 jueces para atender exigencias del T-MEC. Pero, sólo 9 resultaron electos. En consecuencia, la curva de aprendizaje será más larga.
También, la falta de un plan sólido de capacitación para jueces recién electos agrava el problema. Por ello, sindicatos y empresas anticipan más litigios y demoras.
En paralelo, la IMLEB observa menos recursos para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Además, identifica recortes en la Unidad de Enlace de la STPS.
Mientras tanto, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM) del T-MEC ha mostrado avances. Sin embargo, su eficacia depende de instituciones fuertes. Y hoy lucen presionadas.
Por otra parte, desde EU surgió la idea de acuerdos bilaterales por separado con México y Canadá. De darse, el T-MEC enfrentaría una redefinición profunda.
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Para México, la incertidumbre regulatoria pega en la confianza inversionista. Así, sectores exportadores temen frenos en cadenas de valor. Y la relocalización podría enfriarse.
No obstante, hay margen de maniobra si se blindan tribunales laborales, se restituye financiamiento y se reentrena a las nuevas plantillas. Entonces, el cumplimiento puede enderezarse.
El Gobierno puede convertir la crisis en oportunidad. Si apalanca el nearshoring con certidumbre laboral, la región ganaría competitividad. Y el T-MEC saldría fortalecido.
El mensaje es claro: reforma judicial, sí, pero con instituciones robustas y presupuesto suficiente. De lo contrario, el costo lo pagarán trabajadores y exportaciones mexicanas.
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