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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un ambicioso paquete de 14 medidas para frenar la gentrificación en diversas zonas de la Ciudad de México.
Bajo el lema “Por una ciudad habitable, asequible, con identidad y arraigo local”, el gobierno local busca enfrentar la especulación inmobiliaria y proteger a los inquilinos.
Uno de los ejes principales es la propuesta de una nueva ley de rentas justas, razonables y asequibles, diseñada para estabilizar los precios de alquiler.
Para asegurar que los aumentos en renta no excedan la inflación anual, se desarrollarán mecanismos jurídicos que hagan cumplir lo dispuesto en el artículo 2448 del Código Civil.
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Además, se establecerá un Índice de Precios de Alquiler Razonable y se definirán Zonas de Tensión Inmobiliaria para tener mayor control territorial.
También se regulará el arrendamiento de corta estancia, incluyendo las plataformas digitales que han afectado la oferta de vivienda tradicional en zonas clave.
Una de las propuestas más destacadas es la creación de una Defensoría de Derechos Inquilinarios que ofrecerá asesoría legal y resolverá conflictos entre arrendadores e inquilinos.
La jefa de Gobierno subrayó que se priorizará la edificación de vivienda pública en áreas céntricas, donde la presión inmobiliaria ha desplazado a pobladores históricos.
Asimismo, se ampliará el programa de arrendamiento social enfocado en sectores vulnerables y se fomentará la construcción de condominios familiares en barrios populares.
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Para garantizar la participación ciudadana, se elaborará un Plan Maestro de desarrollo habitacional con enfoque comunitario y planificación participativa.
También se promoverán incentivos para pequeños comercios, se recuperará el espacio público y se apoyará la identidad barrial mediante acciones culturales y recreativas.
Finalmente, se creará un Observatorio de Suelo y Vivienda que permitirá monitorear el acceso justo al derecho a habitar en la capital del país.
Durante el anuncio en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada señaló que este bando se someterá al diálogo con actores sociales y expertos en vivienda.
La mandataria capitalina alertó de que existen 2.7 millones de viviendas en la ciudad, pero su distribución desigual ha encarecido rentas hasta en un 100 % en algunas zonas.
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