Sedena negó haber participado directamente en el operativo de Chihuahua donde se señaló presencia de la CIA. El caso abre dudas sobre soberanía, coordinación y mando.
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La Sedena salió a marcar distancia del operativo realizado en Chihuahua, donde fue destruido un presunto narcolaboratorio y donde se señaló la posible participación de agentes de la CIA.
La versión de la Defensa Nacional es clara: el Ejército no encabezó la acción, no entró al objetivo y no decidió quiénes integraron el equipo operativo. Según fuentes castrenses, los militares solo dieron seguridad perimetral a petición de la fiscalía estatal.
El punto delicado no está únicamente en el laboratorio destruido. Está en la duda que deja el caso: si hubo personal de una agencia extranjera en territorio mexicano, ¿quién autorizó su presencia?, ¿quién fue notificado?, ¿bajo qué reglas actuó?
Sedena fija su versión
De acuerdo con la explicación militar, las Fuerzas Armadas pueden acompañar diligencias locales cuando existe una orden judicial. En esos casos, su función consiste en resguardar el perímetro, apoyar traslados y reducir riesgos para quienes ejecutan la operación.
Es decir, la dependencia sostiene que su papel fue de cobertura, no de mando. También insiste en que no le corresponde revisar cómo una fiscalía local arma sus equipos ni quiénes participan en una diligencia encabezada por autoridades estatales.
Ese deslinde busca cerrar una puerta, pero abre otra. Porque, si la Sedena no tuvo participación directa, entonces la atención se mueve hacia la fiscalía de Chihuahua y hacia los canales de coordinación con el gobierno federal.
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El problema de fondo
El operativo toca una fibra sensible: la soberanía. México y Estados Unidos colaboran en seguridad desde hace años, sobre todo en temas de narcotráfico, inteligencia y tráfico de drogas. Sin embargo, esa cooperación tiene límites políticos, legales y diplomáticos.
Por eso, la presunta presencia de agentes de la CIA no puede quedar como un detalle menor. Si el gobierno federal no fue informado, el caso revela una falla seria de comunicación. Si sí fue informado, entonces falta explicar por qué la información no se transparentó desde el inicio.
En ambos escenarios, la opacidad pesa.
Para el ciudadano común, el asunto puede parecer lejano. No lo es. Cuando un operativo contra el crimen organizado termina entre versiones cruzadas, el mensaje público es preocupante: las instituciones actúan, pero no siempre queda claro quién manda, quién autoriza y quién responde.
Además, la seguridad no solo se mide por golpes contra laboratorios clandestinos. También se mide por la legalidad del procedimiento, por la coordinación entre autoridades y por la capacidad de rendir cuentas sin esconder responsabilidades.
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Una grieta en la coordinación
El deslinde de la Sedena deja el caso en una zona incómoda. La dependencia afirma que solo cuidó el perímetro; por lo tanto, la explicación completa debe venir de quienes organizaron la operación.
Ahí está el verdadero nudo. Una fiscalía estatal puede solicitar apoyo federal, pero no puede operar en un vacío político cuando el asunto involucra a una agencia extranjera. Menos aún en un tema tan sensible como la destrucción de un laboratorio ligado al crimen organizado.
Además, el episodio ocurre en un contexto donde la relación México-Estados Unidos en seguridad suele caminar sobre terreno minado. La cooperación es necesaria, pero cualquier señal de intervención sin control alimenta sospechas y costos políticos.
Lo que falta aclarar
El caso todavía necesita respuestas básicas. Quién pidió el apoyo. Quién estuvo en el lugar. Qué autoridad coordinó la diligencia. Qué papel tuvo cada participante. Y, sobre todo, si la presencia extranjera se ajustó a los protocolos oficiales.
Sin esas respuestas, el operativo de Chihuahua puede quedar atrapado en la peor combinación: un golpe contra el narco que, en lugar de fortalecer la confianza institucional, termina exhibiendo desorden, silencios y responsabilidades repartidas a conveniencia.
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