Cuestionan corrupción, lujos y violencia en la 4T

Huachicol fiscal

Oposición y oficialismo chocan por corrupción y violencia. Entre cifras de huachicol fiscal y robos de carga, el Gobierno presume aprobación; el reto es traducir respaldo en resultados.

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La discusión parlamentaria encendió alertas sobre corrupción y violencia cotidiana. Oposición y aliados cruzaron cifras, mientras el Gobierno presumió aprobación elevada de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los datos obligan a contrastar.

Por un lado, Morena subraya respaldo ciudadano robusto. Encuestas recientes ubican la aprobación presidencial cercana al 80 %. Aun así, el clima público está marcado por la inseguridad.

Por otra parte, crecieron señalamientos por el huachicol fiscal. Este esquema evade impuestos con combustibles mal clasificados y ya es visto como amenaza nacional. Además, involucra redes en aduanas y Marina.

Asimismo, el impacto económico es relevante. Estimaciones apuntan a pérdidas por 177 mil millones de pesos en 2024. Por ello, el daño fiscal presiona a Pemex y a la recaudación.

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Mientras tanto, el tema de “austeridad” generó fricción. Críticas públicas señalan contrastes entre discurso y lujos de figuras oficialistas. Sin embargo, la atención central recae en resultados y controles.

En seguridad, el dato que más inquieta llega desde la carretera. En 2024 hubo más de 24 mil robos de carga, un alza cercana al 16 %. Además, se registra un intento cada 50 minutos.

De hecho, ese delito lastima logística y precios. También erosiona la confianza ciudadana. Por eso, expertos piden policías locales fuertes y fiscalías estatales eficaces.

Con todo, la narrativa oficial prioriza programas sociales. No obstante, el debate exige métricas claras y auditorías independientes. Así, la legitimidad se sostiene con resultados verificables.

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En síntesis, conviven dos realidades. Por un lado, altos niveles de aprobación; por otro, escándalos y violencia que exigen respuestas puntuales. Entonces, el reto político es cerrar esa brecha.

Al final, la 4T enfrenta un momento bisagra. Si corrige incentivos, fortalece controles y profesionaliza seguridad, el respaldo puede resistir. De lo contrario, la agenda pública seguirá crispada.

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