Aduanas identificó más de diez operaciones irregulares diarias relacionadas con hidrocarburos. El informe revela controles reforzados, pero también dudas sobre investigaciones, sentencias e impuestos recuperados.
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La Agencia Nacional de Aduanas de México detectó, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, 3 mil 109 operaciones irregulares relacionadas con hidrocarburos: más de 10 diarias. Estaban asociados 109.4 millones de litros y 4 mil 600 millones de pesos en contribuciones.
El dato, incluido en el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, dimensiona la persistencia del huachicol fiscal. Sin embargo, requiere una precisión: la ANAM habla de clasificación arancelaria incorrecta y posible contrabando; esas detecciones no equivalen a delitos acreditados mediante sentencia.
La maniobra consiste en declarar combustible bajo otra fracción arancelaria, omitir volúmenes o falsear características para pagar menos IVA e IEPS. El impacto rebasa la recaudación: genera competencia desleal para quienes sí cumplen y debilita la trazabilidad del mercado energético.
Más controles, pero una escala todavía inquietante
Según el informe, las 50 aduanas utilizaron sistemas de revisión no intrusiva, equipos móviles, laboratorios presuntivos y herramientas de trazabilidad. El Gobierno reportó la cancelación de 3 mil 434 certificados de sello digital vinculados con facturación y 118 denuncias penales.
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La diferencia entre 3 mil 109 irregularidades y 118 denuncias muestra que no toda inconsistencia constituye un delito. También obliga a transparentar cuántos expedientes terminaron en regularización, cuánto dinero ingresó al erario y cuáles derivaron en investigaciones con sustento penal.
La vigilancia descansa en un despliegue federal: 2 mil 663 militares apoyan 32 aduanas, 582 marinos operan en ocho y 2 mil 446 integrantes de la Guardia Nacional participan en tareas aduaneras. El objetivo oficial es inhibir corrupción y fortalecer la recaudación.
Miles de investigaciones, pocas conclusiones públicas
En paralelo, la Fiscalía General de la República reportó 9 mil 459 carpetas por robo y contrabando de hidrocarburos, 859 detenidos, 307 vinculados a proceso, 137 cateos y más de 10.3 millones de litros asegurados durante el mismo periodo.
Las cifras no revelan cuántas investigaciones corresponden al esquema aduanero, cuántas alcanzaron acusación formal ni cuántas involucraron redes empresariales o servidores públicos. La vinculación a proceso tampoco implica culpabilidad: las responsabilidades deben resolverse ante tribunales.
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Por separado, las aduanas aseguraron 737 mil 300 litros. La Guardia Nacional decomisó un millón 507 mil litros, 85 autotanques, 33 tractocamiones, 22 semirremolques, 29 dollys, 11 camiones tipo torton, 172 vehículos y 28 inmuebles en operativos nacionales.
El informe contrasta con la escasa información durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Existen investigaciones sobre hechos ocurridos entonces, pero su existencia no prueba responsabilidades individuales ni permite afirmar, sin estadísticas comparables, que aquel periodo concentró el máximo histórico del delito.
El desglose representa un avance, aunque el promedio diario confirma que el problema sigue lejos de estar contenido. El siguiente paso no es acumular aseguramientos, sino publicar resultados verificables: impuestos recuperados, sentencias, redes desarticuladas y responsabilidades administrativas. Sin esa ruta, las cifras todavía miden operativos, no impunidad vencida.
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