La oposición asegura que en Palacio Nacional se intenta frenar denuncias contra Omar García Harfuch por Ayotzinapa, en medio de reacomodos con Vidulfo Rosales y Alejandro Encinas.
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Ayotzinapa, once años después, sigue doliendo. La exigencia de verdad y justicia persiste, mientras la investigación avanza a golpes y con dudas.
Sin embargo, las familias no ceden. Marchan, interpelan y piden abrir archivos castrenses. Además, demandan esclarecer cada eslabón de la cadena institucional.
En este tablero cambian piezas clave. Vidulfo Rosales dejó Tlachinollan y es secretario de Estudios y Cuenta en la SCJN, con el ministro Hugo Aguilar.
Por otra parte, Alejandro Encinas dejó el gabinete capitalino. Fue propuesto como representante de México ante la OEA en Washington D. C.
El caso reacomoda fuerzas. El liderazgo social de Rosales migra a la Corte, mientras Encinas salta del análisis interno al escaparate hemisférico.
En paralelo, la oposición del PRI y PAN acusa maniobras desde Palacio Nacional para congelar denuncias contra Omar García Harfuch en el expediente Ayotzinapa.
No obstante, el señalamiento requiere pruebas sólidas. Y, sobre todo, decisiones que eviten que el expediente se reduzca a grilla y sospechas recurrentes.
Conviene recordar un dato sensible. Harfuch fue mencionado en minutas e informes como asistente a reuniones de la llamada “verdad histórica” en octubre de 2014.
Él ha negado responsabilidades penales. Aun así, la sombra de aquellas juntas persiste, pues moldearon la narrativa que hoy se impugna desde múltiples frentes.
Además, Vidulfo sostuvo que Encinas topó con la resistencia del Ejército cuando la pesquisa apuntó a mandos. Por ello, el debate sobre archivos sigue vivo.
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Mientras tanto, la FGR centra reflectores en Tomás Zerón, exjefe de la AIC, cuya extradición continúa. Sin embargo, las familias exigen mirar más arriba.
Así las cosas, el reto es doble. Primero, desatorar la ruta jurídica sin sesgos. Segundo, blindar la investigación de presiones partidistas y equilibrios coyunturales.
Porque once años después, la pregunta permanece intacta: ¿dónde están? Entonces, todo movimiento institucional debería medirse por avances verificables, no por litigios mediáticos.
En suma, Ayotzinapa reclama un cierre con pruebas, no con versiones. Además, obliga a transparentar decisiones para que la herida empiece a cerrar.
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