Fuentes anónimas citadas por La Política Online aseguran que el gabinete evaluó respuestas diplomáticas ante un eventual operativo de Estados Unidos para detener a Rubén Rocha; no existe confirmación oficial.
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Funcionarios del Gobierno federal analizaron la noche del viernes posibles respuestas ante un eventual operativo estadounidense en Sinaloa para detener al gobernador Rubén Rocha Moya. La versión, publicada por La Política Online, cita fuentes anónimas; ninguna autoridad ha confirmado esos preparativos ni una acción inminente de Washington.
La deliberación habría ocurrido después de que Rocha reasumió la gubernatura el viernes, tras 112 días de licencia. Sin embargo, el sábado volvió a solicitar separarse del cargo, luego del rechazo de Morena y del Gobierno federal, informó Reuters.
El Departamento de Justicia estadounidense acusó en abril a Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de presunta conspiración para traficar drogas y favorecer a Los Chapitos a cambio de apoyo político y sobornos. Rocha niega los cargos y los considera una ofensiva política. No existe sentencia en su contra.
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La presidenta Claudia Sheinbaum no mencionó al gobernador, pero escribió el sábado que ningún interés personal puede colocarse sobre el pueblo o la nación. Poco después, Rocha anunció su solicitud de licencia y retomó esa idea en un comunicado.
El canal con Ronald Johnson
Según el reporte, una parte del gabinete considera inconveniente expulsar al embajador estadounidense Ronald Johnson si ocurriera una intervención unilateral. Sus interlocutores lo describen como un diplomático directo y predecible, un canal útil con los sectores menos confrontativos de la administración de Donald Trump.
El vínculo tiene actividad comprobable. El 20 de agosto, Johnson y su equipo se reunieron en Gobernación con Rosa Icela Rodríguez para revisar migración, seguridad, comercio y mecanismos de cooperación. Para Palacio Nacional, ese conducto permitiría contener una crisis sin romper completamente la coordinación bilateral.
La Política Online asegura que la Cancillería incluso valoró responder con una “pausa” diplomática, similar a la utilizada por Andrés Manuel López Obrador, en vez de expulsar al embajador. Ese menú de opciones tampoco ha sido reconocido oficialmente.
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El expediente y los límites legales
El mismo reporte afirma que, si Estados Unidos entrega información sensible, el Gobierno podría explorar la desaparición de poderes, el retiro de inmunidad y una eventual detención. Sin embargo, esas vías no dependen únicamente del Ejecutivo: exigen procedimientos en el Senado, la Cámara de Diputados y las autoridades locales.
La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación. Hasta ahora, el Gobierno mexicano sostiene que Washington no ha aportado pruebas suficientes para justificar la captura o extradición de Rocha, mientras la acusación estadounidense continúa vigente.
El episodio coloca la cooperación de seguridad bajo máxima presión. Una acción unilateral afectaría la soberanía, expondría a civiles y obligaría a México a reaccionar; una ruptura total, en cambio, debilitaría investigaciones compartidas. La nueva licencia reduce la tensión inmediata, pero no resuelve el expediente ni la disputa bilateral.
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