Octubre 20, 2026
Morena y el Gobierno federal analizan corregir la reforma judicial de 2024 para que la Suprema Corte y los tribunales Electoral y de Disciplina administren su propio dinero. El cambio se cruza con otra disputa sin resolver: la sucesión en la presidencia de la Corte.
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El presupuesto del Poder Judicial podría dejar de depender de un solo órgano administrador. De acuerdo con LPO, en San Lázaro comenzó a moverse una nueva corrección a la reforma judicial, pensada para que la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial ejerzan sus propios recursos.
Hoy esa tarea recae en el Órgano de Administración Judicial (OAJ). El artículo 100 de la Constitución establece que este órgano administra el Poder Judicial de la Federación y elabora su presupuesto para integrarlo al proyecto de Presupuesto de Egresos.
Qué buscan los legisladores
El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que el nuevo modelo exige precisar las competencias de cada institución. La intención, explicó, es que la Corte y los tribunales Electoral y de Disciplina tengan margen para contratar personal, atender sus necesidades operativas y gestionar sus recursos.
El tema no es nuevo. En septiembre, el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, ya había planteado garantizar autonomía presupuestaria a los órganos de dirección del Poder Judicial. Advirtió que depender del OAJ para ejercer los recursos podía comprometer la independencia de la Corte.
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En Palacio Nacional y en el Congreso empieza a tomar forma una revisión de las reglas que entraron en vigor con la reforma judicial. Aún falta saber hasta dónde llegará y qué cambios adicionales incluirá.
Cuánto dinero está en juego
El Proyecto de Presupuesto 2027, enviado por la administración de Claudia Sheinbaum, contempla un poco más de 72 mil millones de pesos para el funcionamiento del Poder Judicial en su totalidad. La cifra abarca a todo el sistema, no solo a la Suprema Corte.
El nudo pendiente: quién presidirá la Corte
Los ajustes presupuestales se mezclan con otro problema sin resolver. La reforma de 2024 dejó una contradicción entre los artículos 94 y 97: uno vincula la presidencia de la Corte con la votación en las urnas; el otro ordena que la elijan los propios ministros.
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En la Cámara de Diputados se especula con impulsar una nueva reforma constitucional para corregir esa antinomia. El asunto no se trató en las sesiones extraordinarias de este año, cuando se aprobó una reforma a la reforma del Poder Judicial. En San Lázaro, según LPO, no descartan esa vía.
Corral sostuvo la semana pasada que la contradicción no debe quedar en manos de los ministros, sino resolverse desde el Poder Legislativo mediante una reforma constitucional. Propuso que el Senado sea la Cámara de origen de esa modificación.
Por qué importa
El fondo del debate es cuánta autonomía financiera necesitan los órganos que juzgan sin perder control sobre el gasto público. Quienes impulsan el cambio lo presentan como un paso para que operen con eficacia. Falta conocer el texto de la iniciativa y los candados que incluiría.
Además, quien administre el dinero y quien presida la Corte influirán en cómo funciona el tribunal más importante del país. Por eso conviene seguir de cerca ambas discusiones, que avanzan en paralelo.
Con información de LPO (19 de octubre de 2026).
