Promesas rotas: espionaje ilegal persiste bajo la 4T

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Desde el inicio de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), sus líderes aseguraron representar una ruptura definitiva con el viejo régimen político.

Tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum han reiterado su rechazo a las prácticas autoritarias, como el espionaje político. Sin embargo, las evidencias contradicen ese discurso.

Diversas investigaciones revelan que Pegasus, un software espía de alta sofisticación, sigue operando en México con apoyo institucional, particularmente del Ejército.

En 2019, la Sedena contrató a Comercializadora Antsua para ejecutar Pegasus desde el Centro Militar de Inteligencia. Este órgano carece de facultades legales para intervenir comunicaciones.

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Posteriormente, Citizen Lab detectó ataques a periodistas y activistas, entre ellos Ricardo Raphael y Raymundo Ramos, quienes investigaban abusos del Ejército.

Pese a las pruebas, el presidente López Obrador minimizó los hechos, argumentando que eran acciones de inteligencia contra el crimen.

Incluso Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, fue víctima del espionaje mientras investigaba el caso Ayotzinapa, según revelaciones del New York Times.

Por otro lado, la Fiscalía de la Ciudad de México también ha sido acusada de realizar intervenciones ilegales bajo el mando de Ernestina Godoy.

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Una investigación expuso que la fiscalía accedió a registros de llamadas y ubicaciones de políticos sin órdenes judiciales, en nombre de investigaciones inexistentes.

Durante su gestión, se efectuaron más de 48 mil geolocalizaciones sin autorización judicial, usando el software TGR Dashboard, según Animal Político.

Pese a ello, Godoy no fue sancionada. Al contrario, ahora funge como consejera jurídica de Sheinbaum, lo cual ha generado duras críticas.

Organizaciones civiles demandan reformas urgentes para frenar el espionaje ilegal, pues vulnera derechos fundamentales y normaliza prácticas propias de un Estado autoritario.

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