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Una amplia red de corrupción permitió que Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias «Don Checo», liderara una organización dedicada al robo de combustible (Huachicol) en el centro del país. Según las investigaciones judiciales, contaba con protección activa de elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Coordinación de Inteligencia de Pemex.
Antes de su detención en Ixtlahuaca, Estado de México, su teléfono fue intervenido por la FGR. Las grabaciones revelaron una compleja estructura de sobornos y filtraciones. Las conversaciones registradas mostraron pagos regulares a servidores públicos de distintas instituciones.
En uno de los audios, un colaborador informa que debía entregar 25 mil pesos semanales a personal de Inteligencia de Pemex. Estos pagos eran parte de un “nuevo acuerdo” con altos mandos de la paraestatal. En otra llamada, se detallan entregas en sobres amarillos a funcionarios de distintas áreas, incluyendo Seguridad Municipal y áreas de Investigación.
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Además, se documentó que miembros de la FGR informaban con anticipación sobre cateos a propiedades de la organización. En la llamada identificada como evento 1079, se alerta sobre un operativo en el kilómetro 136 de la autopista México-Querétaro, donde se almacenaba huachicol.
La red de complicidad también alcanzó a la policía municipal de Jilotepec. Un mando identificado como Israel Molina Núñez solicitó dinero para liberar a un detenido, confirmando que incluso elementos ministeriales aceptaban pagos.
La Marina tampoco quedó fuera del esquema. En otra grabación, un interlocutor anónimo menciona que se debía acudir “con los marinos”, en alusión a la protección ofrecida por ese cuerpo militar.
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Por otra parte, la Guardia Nacional también ha sido señalada de facilitar el contrabando en la autopista México-Querétaro. El inspector jefe Oswaldo Pérez Espericueta regañó a sus subordinados por detener un autotanque, el cual finalmente fue devuelto a los huachicoleros.
Incluso un grupo conocido como “La Empresa” colgó mantas denunciando cuotas abusivas impuestas por altos mandos. También se menciona al general Rubén Torres como parte de quienes controlan el trasiego de combustible.
Este caso exhibe una red estructural de complicidad, en la que funcionarios de seguridad y justicia se aliaron con una organización criminal dedicada al robo de hidrocarburos en el país.
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