PT y Partido Verde subieron el costo del “sí” a la Reforma Electoral: piden gubernaturas rumbo a 2027 y exigen trato directo con Rosa Icela Rodríguez, mientras Morena intenta sostener la unidad del bloque.
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La Reforma Electoral se está negociando como si fuera un trueque: votos hoy, gubernaturas 2027 mañana. Y ese detalle, aunque suene a intriga de élites, termina golpeando directo al ciudadano común: si las reglas del juego se acuerdan con “pago político”, la confianza pública se desgasta antes de que la iniciativa nazca.
En el bloque mayoritario, Morena no trae el marcador asegurado. PT y Partido Verde ya avisaron que su voto no es automático, y por eso la conversación dejó de ser técnica para volverse abiertamente transaccional. Mientras tanto, la reforma necesita unidad total si pretende superar los candados constitucionales.
En el caso del PT, el diálogo con Rosa Icela Rodríguez fue presentado como acercamiento, pero no como pacto cerrado. Sin embargo, en la operación legislativa se lee otra cosa: que el partido busca la candidatura a la gubernatura de Zacatecas como precio político por acompañar la ruta electoral.
Ahí aparece el primer choque: Zacatecas tiene una historia reciente marcada por apellidos, y la regla antinepotismo ya habría descarrilado aspiraciones internas, como las que se atribuían a Saúl Monreal. Por eso, si el PT empuja esa plaza, también reordena lealtades y facturas dentro del propio oficialismo.
Del lado del Verde, el menú es más grande: San Luis Potosí y Quintana Roo. En SLP se impulsa a Ruth González, esposa del gobernador, y en Quintana Roo se menciona a Renán Sánchez Tajonar. Además, ambos perfiles cargan objeciones: una por el aroma a continuidad familiar y el otro por límites en intención de voto.
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Y entonces entra la segunda tensión: no basta con que el aliado pida; también necesita que Palacio Nacional y la dirigencia de Luisa María Alcalde lo vean viable. En cambio, si el centro político no convalida, el aliado puede usar el voto como palanca y estirar la negociación hasta el último minuto.
La tercera grieta es de interlocución. El Verde ya marcó línea: quiere trato directo y cuestiona que Adán Augusto López sea “interlocutor válido”. De hecho, el mensaje es claro: si somos socios, nos sentamos con el Ejecutivo, no con un intermediario.
¿Y el impacto? Si la reforma avanza bajo presión, el ciudadano recibe un paquete de reglas con sello de negociación partidista, no de consenso democrático. Por lo tanto, la discusión clave no es solo qué cambia, sino quién cobra por cambiarlo. Y esa es la pregunta incómoda: ¿reforma para mejorar elecciones o para repartir el poder rumbo a 2027?
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