El exgobernador Ernesto Ruffo Appel permanecerá en el penal del Altiplano tras ser vinculado a proceso junto con otras siete personas por presunto huachicol fiscal.
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El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, permanecerá en el penal federal del Altiplano mientras enfrenta un proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. Una jueza también vinculó a otras siete personas relacionadas con el caso.
La decisión fue tomada por Alejandra Ramírez de la Vega, jueza federal de control, después de revisar los datos presentados por la Fiscalía General de la República. Los delitos investigados incluyen delincuencia organizada, contrabando y operaciones ilícitas con hidrocarburos.
La resolución no significa que los acusados sean culpables. En esta etapa, la jueza determinó que existen elementos suficientes para que la investigación continúe bajo supervisión judicial. Las defensas todavía pueden impugnar el fallo y cuestionar las pruebas de la Fiscalía.
Junto con Ruffo Appel permanecerán en el Altiplano Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, José Merino Valdés Cuervo y Luis Antonio Barrientos Juárez.
Por otra parte, Adriana Magali Bárcenas Guillén seguirá recluida en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
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La jueza permitió que José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrenten el proceso bajo prisión domiciliaria debido a sus condiciones de salud. De esta manera, los ocho imputados continuarán sujetos a medidas cautelares.
Una audiencia de 36 horas
La audiencia se extendió durante aproximadamente 36 horas, se realizó por videoconferencia y permaneció cerrada al público. Durante la diligencia, la FGR expuso su acusación, mientras los abogados defensores respondieron a los señalamientos y trataron de frenar la vinculación.
De acuerdo con la imputación, la presunta organización habría utilizado empresas relacionadas con actividades portuarias, ferroviarias y aduanales para introducir combustibles al país con información incompleta o posiblemente alterada.
El propósito, según la Fiscalía, habría sido evitar o reducir el pago de impuestos aplicables a la importación y comercialización de productos derivados del petróleo.
Una de las compañías bajo investigación es Ingemar, empresa de la cual Ruffo fue accionista. La FGR detectó movimientos financieros que considera incompatibles con su perfil fiscal, además de operaciones vinculadas con cuentas bancarias, pedimentos aduanales y transporte ferroviario.
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Entre junio de 2024 y julio de 2025, una cuenta abierta en Grupo Financiero Intercam habría registrado movimientos superiores a 3 mil millones de pesos, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía.
Las autoridades también investigan el uso de ferrotanques para trasladar gasolina y diésel. Algunas versiones relacionadas con el expediente mencionan por lo menos 163 unidades y un posible daño fiscal de más de 4 mil millones de pesos. Ambas cifras deberán probarse durante el juicio.
El caso tiene consecuencias que van más allá de la situación jurídica del exgobernador. El huachicol fiscal reduce la recaudación, favorece la competencia desleal y evidencia posibles fallas de vigilancia en puertos, aduanas y cadenas de distribución.
Además, la investigación tiene una dimensión política. Ruffo gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y fue el primer candidato de oposición reconocido oficialmente como ganador de una gubernatura durante el periodo de dominio nacional del PRI.
Ahora será responsabilidad de la FGR demostrar que existió una organización criminal y acreditar la participación individual de cada acusado. Hasta que exista una sentencia definitiva, todos conservan el derecho a la presunción de inocencia.
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