El Tren Interoceánico prometía desarrollo y seguridad, pero el descarrilamiento del 28 de diciembre con 14 fallecidos destapó auditorías, sobrecostos y fallas operativas que ya estaban documentadas.
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El Tren Interoceánico se vendió como obra estratégica: desarrollo para el Istmo, logística moderna y “soberanía” en rieles. Sin embargo, el descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025, con 14 fallecidos, dejó algo más que una tragedia: expuso un sistema que normalizó la improvisación.
Porque no fue “mala suerte”. Más bien, fue la consecuencia de una cadena de decisiones donde la planeación deficiente compite con la prisa política. Además, cuando una obra pública corre sin controles, el ciudadano termina pagando dos veces: con impuestos y con riesgos.
Desde 2020, la ASF advirtió que la rehabilitación de la Línea Z arrancó con “mala planeación” y un proyecto deficiente. Aun así, se empujó la obra en un tramo con pendientes y curvas exigentes, justamente donde el discurso oficial prometía elevar la seguridad.
Luego, el alcance se movió como si fuera un ajuste menor: de modernizar 12.65 kilómetros a rehabilitar 202 kilómetros. Sin embargo, la ASF encontró fallas en el análisis del terreno y, además, reportó que se avanzó sin concluir estudios de factibilidad técnica.

Peor aún, faltaron piezas básicas del “tablero”: no se acreditó un Proyecto Ejecutivo completo con estudios topográficos, hidrológicos y geotécnicos; y, por si fuera poco, el catálogo de conceptos no contempló material clave como terraplén y sub-balasto. Por eso, el control interno debía investigar responsabilidades.
En 2021, apareció lo que suena pequeño, pero huele grande: pagos por letreros normativos inexistentes. Y, en la misma línea, se documentó balasto pagado sin colocarse: se proyectó un volumen, se instaló menos y aun así se cubrió la diferencia.
Después, en 2022 se observaron pagos en exceso por maquinaria y equipos sin evidencia de uso, además de cambios en rieles y durmientes fuera del plan original. En otras palabras: se corrigió el proyecto “sobre la marcha”, pero se cobró como si todo hubiera estado bajo control.
En dinero, el golpe también cuenta: la ASF determinó inconsistencias por 104.5 millones de pesos, y todavía permanecían por aclarar o devolver 28.8 millones. Mientras tanto, esa “fuga” compite con prioridades reales: clínicas, carreteras locales y seguridad pública.
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Además, el problema no se quedó en la obra: también pegó en la operación. Hubo observaciones por falta de inspecciones y expedientes incompletos de locomotoras arrendadas: licencias, pruebas de potencia, bitácoras de viaje, mantenimientos y controles mensuales. Si no hay trazabilidad, no hay seguridad.
Por eso el caso escaló a la política: se reactivaron señalamientos contra Gonzalo “Bobby” López Beltrán, quien habría supervisado el proyecto de manera honoraria, y se citan investigaciones periodísticas sobre presuntos beneficios a cercanos. El PAN presentó denuncias ante la FGR y la ASF; aun así, toca probarlo en sede legal.
La lección es brutal y simple: infraestructura sin rendición de cuentas se vuelve ruleta rusa. Ahora, lo mínimo exigible es transparencia total: contratos, bitácoras, inspecciones, responsables y sanciones. Porque, de lo contrario, el “corredor del futuro” seguirá siendo el atajo perfecto hacia la impunidad.
Crédito en texto: Con base en auditorías de la ASF, reportes periodísticos e investigaciones públicas citadas en el debate.

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