Tras la aprobación en Diputados de la reforma a la Ley de Amparo, Arturo Zaldívar respondió a Olga Sánchez Cordero. Aseguró que el interés legítimo no se limita y que la retroactividad quedó acotada.
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Zaldívar y Sánchez Cordero chocaron por la Ley de Amparo tras su aprobación. El dictamen fue devuelto al Senado con ajustes.
La exministra Olga Sánchez Cordero cuestionó fijar el interés legítimo en ley. Sostuvo que debe valorarse caso por caso por el juez.
Arturo Zaldívar, coordinador del Gobierno, rebatió que el interés legítimo se restrinja. Además, sugirió que ella “hubiera votado en contra” si no coincidía.
Zaldívar aseguró que organizaciones y pueblos originarios conservarán su derecho a amparo. Dijo que se precisan elementos ya definidos por la Corte.
¿Qué cambió en el transitorio? No habrá retroactividad en etapas concluidas; lo siguiente del expediente aplicará la norma nueva.

En comisiones y foros hubo jaloneo por una presunta “retroactividad disfrazada”. Sin embargo, la redacción final fue ajustada para acotar esa interpretación.
La madrugada del 15 de octubre, el proyecto fue avalado en lo particular. Luego lo turnó al Senado para revisión.
Para Palacio Nacional, la reforma destraba créditos fiscales. No obstante, críticos advierten riesgos para derechos adquiridos.
El oficialismo afirma que la iniciativa ordena el sistema sin cerrar causas colectivas. Por ello, el foco está en su aplicación judicial.
A la vez, la oposición insiste en que el texto genera incertidumbre. Anticipan impugnaciones tras la publicación.
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En paralelo, litigantes ven positivo clarificar etapas en procesos abiertos. Sin embargo, temen criterios dispares sobre suspensión y sentencia.
Así, el debate político se cruzó con la discusión técnica. Mientras tanto, la conversación pública se centró en retroactividad e interés legítimo.
Con ello, el choque Zaldívar–Sánchez Cordero escaló en medios. Reavivó diferencias sobre acceso a justicia y gobernabilidad.
Ahora, toca al Senado revisar los ajustes y votar. Después, el Poder Judicial interpretará su alcance en casos concretos.
Si el Senado confirma el texto, seguirá la promulgación y entrada en vigor. Después, llegarán lineamientos y criterios para homogeneizar su aplicación.
Finalmente, el país discute una reforma clave. Sin embargo, su impacto dependerá de cómo se aplique en expedientes vivos.
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