Vidulfo Rosales se integra al equipo de Hugo Aguilar en la SCJN. El movimiento reaviva tensiones por Ayotzinapa y presiona a las Fuerzas Armadas.
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Hugo Aguilar confirmó a Vidulfo Rosales como secretario de Estudios y Cuenta en la presidencia de la Suprema Corte.
Además, el movimiento reacomoda fichas en la SCJN.
Sin embargo, el fichaje generó debate. Entre simpatizantes de Ayotzinapa hubo acusaciones de “traición”. Otros ven una oportunidad para institucionalizar su experiencia.
Asimismo, trascendió su salario aproximado de 118 mil pesos mensuales, con seguros y prestaciones.
Pero el tema central rebasa la nómina y mira a la política.
En ese contexto, Palacio Nacional observa a Rosales por una razón distinta.
La presión sobre las Fuerzas Armadas aumentó y el caso Ayotzinapa continúa sin resultados definitivos.
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Además, el frente castrense llega golpeado por el huachicol fiscal en la Marina.
Fueron señalados los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ligados al exsecretario Rafael Ojeda Durán.
No obstante, el nombramiento en la Corte podría reconfigurar los equilibrios.
Por ello, algunos anticipan litigios más técnicos y, quizá, narrativas más duras contra el Ejército.
Por otro lado, Tlachinollan mantiene respaldo a los familiares de los 43 normalistas. Mientras tanto, las movilizaciones mantienen vivo el reclamo de verdad y justicia.
Asimismo, se prendieron alertas por acciones de la FECSM.
Lanzaron petardos y bombas molotov contra la 35 Zona Militar en Chilpancingo, dentro de la jornada previa al undécimo aniversario.
En paralelo, la FGR sigue bajo la lupa por avances y rezagos. El expediente Ayotzinapa permanece fragmentado, con líneas y versiones encontradas.
Por ende, la llegada de Rosales a la SCJN podría tensar la conversación pública. Y también podría profesionalizar el debate jurídico alrededor del caso.
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En cambio, el gobierno federal buscará blindarse ante nuevos señalamientos. A la vez, intentará contener el desgaste de las instituciones castrenses.
Finalmente, el tablero combina justicia transicional, seguridad y legitimidad. Con todo, el desenlace dependerá de resultados verificables y de cómo se comunique cada paso.
Por lo pronto, en septiembre de 2025, las marchas por los 43 volverán al Zócalo. Así, se medirá a instituciones y relato.
Además, en Pino Suárez, la presidencia de la Corte deberá equilibrar independencia y sensibilidad social. Ese balance será clave para la credibilidad judicial.
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