La captura de Édgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, no es solo la caída de un jefe de plaza, sino la prueba de cómo un sindicato “moderno” terminó al servicio de la extorsión y del narco en La Laguna.
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La captura de Édgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, no es solo la caída de un jefe de plaza. Es la radiografía de cómo un sindicato “moderno” terminó convertido en brazo de extorsión y lavado de dinero al servicio de Los Cabrera en La Laguna.
Desde la CATEM, “El Limones” se vendía como defensor de los trabajadores, pero al mismo tiempo imponía cuotas a ganaderos, comerciantes, transportistas y negocios pequeños. Además, presumía supuestos vínculos con mandos militares, lo que aumentaba el miedo y cerraba la puerta a cualquier denuncia abierta.
Según las autoridades, el CNI y la UIF siguieron sus rutas de cobro, sus operadores y sus empresas fachada hasta armar el rompecabezas: armas largas, equipo táctico, compras de inmuebles, joyería, vehículos de lujo y apuestas para blanquear el dinero de la extorsión. Así quedó al descubierto la red financiera de Los Cabrera en la región.
Sin embargo, el caso tiene un ángulo político incómodo. Meses atrás, cuando aumentaban las denuncias de cobro de piso, cámaras empresariales y los Gobernadores de Durango y Coahuila exigieron la intervención del Gobierno federal. En lugar de una respuesta contundente, escuchamos a Pedro Haces hablar de “golpeteo político” contra la CATEM.
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Aquella defensa cerrada de la dirigencia sindical se estrella hoy contra la realidad. Porque, mientras se hablaba de sindicatos “modernos”, en el terreno la gente pagaba un impuesto criminal para poder trabajar. Cada cuota forzada se traducía en precios más altos, cierre de negocios y pérdida de empleos locales.
Además, la detención revela otro problema de fondo: la facilidad con la que el crimen organizado infiltra estructuras sindicales y presume cercanía con el poder. Cuando un líder puede ser al mismo tiempo secretario de organización y operador financiero de un cártel, algo falló en los filtros del Estado.
Por eso, la captura de “El Limones” es apenas el primer paso. Si el gobierno quiere demostrar seriedad, tendrá que ir más allá de la foto con armas aseguradas. Deberá limpiar a fondo la CATEM, proteger a las víctimas de extorsión y, sobre todo, investigar las coberturas políticas que permitieron que este modelo de sindicato–cártel creciera durante años en La Laguna.
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