Ernesto Ruffo puede resultar culpable o inocente, pero esa respuesta corresponde a los tribunales. El verdadero debate es si la FGR podrá demostrar sus acusaciones sin convertir el proceso en un juicio político anticipado.
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El debate sobre Ernesto Ruffo Appel no debería reducirse a creer en su inocencia o anticipar su culpabilidad. Tampoco corresponde absolverlo por su trayectoria política ni condenarlo por su condición de opositor. La cuestión central es otra: si el Estado puede sostener su acusación mediante pruebas y respetando el debido proceso.
El exgobernador de Baja California fue detenido el 16 de julio en Ensenada. La Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada, contrabando y delitos relacionados con hidrocarburos, dentro de una investigación que involucra a Ingemar, empresa de la cual Ruffo es accionista.
Posteriormente, una jueza federal lo vinculó a proceso y mantuvo la prisión preventiva en el penal del Altiplano. Sin embargo, esa resolución no equivale a una sentencia condenatoria. Significa que el proceso continuará porque la autoridad judicial encontró indicios suficientes para investigar su probable participación.
La diferencia no es menor. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los antecedentes utilizados durante esa etapa, salvo excepciones expresas, no bastan para fundar una condena. Presentar la vinculación como prueba definitiva de culpabilidad significaría adelantar un veredicto que todavía corresponde a los tribunales. Código Nacional de Procedimientos Penales
La investigación parte del aseguramiento de aproximadamente 15.5 millones de litros de combustible y 129 carrotanques en Coahuila durante 2025. La FGR sostiene que existió una operación de contrabando mediante declaraciones aduanales falsas. Ruffo, en cambio, afirma que Ingemar únicamente realizaba gestiones aduanales.
Precisamente por la gravedad del expediente, las autoridades necesitan actuar con rigor. Si las pruebas son contundentes, deberán resistir los argumentos de la defensa, el escrutinio judicial y un eventual juicio. Ninguna conferencia de prensa puede sustituir ese recorrido.
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La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la Fiscalía presentó “muchísimas pruebas”. Aunque puede entenderse como un respaldo institucional a la investigación, el comentario también introduce el peso político de la Presidencia en un proceso que apenas comienza.
Sheinbaum no dicta sentencias, pero su palabra tiene una influencia pública que ningún acusado puede igualar. Cuando la jefa del Estado califica anticipadamente la solidez de un expediente, la presunción de inocencia corre el riesgo de quedar subordinada a la narrativa oficial.
Esa garantía no existe para proteger exclusivamente a Ruffo. Defiende a cualquier ciudadano frente al poder punitivo del Estado. Por eso, exigir que se respete no implica minimizar las acusaciones ni cerrar los ojos ante el huachicol fiscal.
También requiere aclaración la falta de acceso a las audiencias denunciada por el columnista Salvador Camarena. La legislación permite restringir la publicidad en determinadas circunstancias, pero la autoridad judicial debe fundamentar cualquier excepción. La sensibilidad del caso no basta, por sí sola, como explicación.
La publicidad procesal tampoco exige convertir los tribunales en espectáculo. Su finalidad es permitir que la sociedad conozca cómo acusa la Fiscalía, cómo responde la defensa y con qué argumentos decide el juzgador. Cuando esa ventana se cierra, el vacío suele llenarse con filtraciones, propaganda y versiones partidistas.
El pasado de Ruffo no puede servirle como salvoconducto. Haber encabezado la alternancia de 1989 en Baja California no concede inmunidad penal. Sin embargo, su participación en Somos México tampoco debería operar como una agravante política no escrita.
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La discusión se vuelve más delicada cuando el gobierno exige confianza absoluta en este expediente, mientras enfrenta cuestionamientos por la respuesta institucional ante señalamientos contra figuras cercanas al oficialismo. Esa comparación no demuestra por sí misma una persecución, pero sí alimenta la percepción de que la justicia avanza con velocidades diferentes.
Para el ciudadano común, esa sospecha tiene consecuencias profundas. Un sistema percibido como parcial transmite la idea de que la ley puede depender menos de las pruebas que de la cercanía con el poder. Cuando eso ocurre, pierde credibilidad incluso una investigación legítima.
Exigir garantías para Ruffo no significa declararlo inocente. Significa pedir que la FGR pruebe cada acusación y que la defensa pueda controvertirla en condiciones reales. Si cometió delitos, deberá responder; si el expediente no se sostiene, el Estado tendrá que asumir las consecuencias.
El gobierno puede demostrar que combate el contrabando de combustibles sin fabricar culpables mediáticos ni conceder privilegios políticos. Para hacerlo necesita transparencia, imparcialidad y pruebas capaces de sostener una sentencia.
En democracia, la justicia no depende de simpatías, trayectorias ni mañaneras. La culpabilidad se demuestra ante un tribunal; cuando el poder pretende decidirla fuera de él, deja de procurar justicia y comienza a administrar miedo.
Esta editorial está basada en la columna de opinión “La cuestión Ruffo”, de Salvador Camarena, publicada en su espacio “La Feria” en El Financiero.
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