El 22 de noviembre de 2025, México cruzó varios cables al mismo tiempo: la capital apretó el cerco contra el bloque negro, la SEP estrenó SaberesMX y viejos nombres de la corrupción regresaron a los titulares.
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En México, el 22 de noviembre de 2025 dejó una fotografía intensa. Seguridad, justicia y educación digital dominaron la agenda pública nacional.
En la Ciudad de México, la FGJ capitalina informó que identificó a los cabecillas del llamado bloque negro, señalado por diversos actos vandálicos.
Según la investigación, existen cinco órdenes de aprehensión y 38 carpetas abiertas contra integrantes de este grupo, donde confluyen estudiantes, anarquistas y colectivos radicales.
Además, las autoridades capitalinas apuntan que bandas del Centro Histórico se mezclan con estas protestas para aprovechar el caos y robar negocios.
El debate público gira entre el derecho a la protesta y la preocupación ciudadana por daños, saqueos y el uso político de estas marchas.
Mientras tanto, desde el gobierno federal se impulsó un mensaje distinto, centrado en educación. La SEP lanzó la plataforma SaberesMX de cursos en línea gratuitos.
La metaplataforma reúne contenidos de universidades públicas como la UNAM, el IPN y otras instituciones, con certificaciones oficiales y rutas flexibles de aprendizaje.
El primer curso, sobre salud mental y prevención de adicciones en jóvenes, busca atacar causas de violencia y fortalecer el bienestar emocional.

Para millones de personas que dejaron inconclusa la universidad, esta herramienta ofrece otra oportunidad de terminar estudios y mejorar sus opciones laborales sin pagar colegiaturas.
Ese anuncio se suma al discurso de Claudia Sheinbaum sobre combatir la corrupción y llevar programas sociales a regiones históricamente olvidadas, como la Mixteca oaxaqueña.
En el frente de seguridad, Michoacán volvió a los reflectores. Siete escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fueron detenidos por homicidio por omisión.
Los guardias, parte del primer círculo de protección del edil, habrían fallado en impedir el ataque y ya fueron trasladados a un penal estatal.
El caso se suma a la captura de presuntos miembros del CJNG ligados al crimen, y refuerza la percepción de infiltración criminal en gobiernos municipales.
En el terreno judicial, otro nombre volvió a escena: Javier Duarte. Una jueza federal negó la libertad anticipada al exgobernador priista de Veracruz.
Duarte argumentó haber cumplido más del noventa por ciento de su condena, pero la autoridad señaló procesos pendientes, incluido uno por desaparición forzada.
Para muchos ciudadanos, el expediente Duarte se convirtió en termómetro de seriedad contra la corrupción estructural y los abusos en los sexenios anteriores.
El mensaje político es potente: los casos emblemáticos de corrupción siguen bajo lupa y, al menos en el discurso, no habrá concesiones desde los tribunales.
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Finalmente, en el Estado de México fue detenido Isidro Pastor, exdirigente priista y viejo operador del grupo cercano al exgobernador Arturo Montiel.
Está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su captura conecta los reflectores con las viejas redes del PRI mexiquense.
Estos procesos también mandan señales a la clase política local, acostumbrada durante décadas a moverse con margen de impunidad en estados clave.
Para la ciudadanía, nada de todo esto pasa desapercibido.
En conjunto, estas cinco historias muestran a un país que intenta contener la violencia, castigar la corrupción y abrirse a una nueva educación pública digital.

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