La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió un acuerdo con la DEA sobre Proyecto Portero. Recalcó que cualquier coordinación será con el Departamento de Estado y sin subordinación.
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La presidenta Claudia Sheinbaum negó cualquier acuerdo con la DEA y marcó distancia. Dijo que México pone los límites, no Washington.
Según explicó, desde el sexenio pasado se restringieron las operaciones de agencias extranjeras. Esas reglas continúan bajo su administración.
La DEA anunció el Proyecto Portero como iniciativa binacional. Sin embargo, México sostiene que no ha firmado nada y rechazó ese planteamiento.
Sheinbaum subrayó que la seguridad nacional compete a instituciones mexicanas: federales, estatales y municipales. Además, insistió en que no habrá subordinación.
Antes, en el periodo neoliberal, sí hubo participación directa de agencias estadounidenses en operativos. Ahora, dijo, eso ya no se autoriza.
El episodio del general Cienfuegos dejó cicatrices. Por ello, crecieron controles y límites a la actuación de agencias como la DEA.
Aun así, la cooperación sigue. Pero se hará con reglas claras, trazabilidad de inteligencia y respeto a la soberanía.
La Presidenta afirmó que el único instrumento en curso se negocia con el Departamento de Estado. Ese acuerdo marco pronto quedará definido.
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En contraste, el comunicado estadounidense buscó presentar hechos consumados. Sin embargo, México aclaró que no existe un compromiso operativo sobre Proyecto Portero.
Además, matizó que capacitaciones puntuales no equivalen a convenios. Por eso, pidió prudencia y canales diplomáticos antes de cualquier anuncio público.
El fondo es la confianza. Porque sin claridad jurídica, cada comunicado enciende alarmas y complica la agenda contra cárteles y contrabando en la frontera.
¿Qué propone Proyecto Portero? Atacar a los “gatekeepers”, cortar flujos y reforzar cruces. No obstante, su implementación exige aval político y legal.
Por ahora, nada cambia en campo. Sin un pacto formal, no habrá operativos conjuntos nuevos, aunque puedan continuar entrenamientos específicos.
México insiste en jurisdicciones claras, cadena de custodia nacional y protocolos de intercambio. Asimismo, exige transparencia y responsabilidades definidas.
Del otro lado, la DEA busca mostrar resultados frente al fentanilo. Sin embargo, la forma importa tanto como el fondo en la relación bilateral.
También pesa la política interna. Porque la 4T prometió defender la soberanía y ordenar la interlocución con agencias extranjeras.
Si surge un acuerdo, deberá fijar límites precisos. Además, tendrá que blindar la conducción mexicana y auditar el uso de inteligencia compartida.
Mientras tanto, México seguirá abierto al intercambio de información. Pero exigirá siempre reciprocidad, trazabilidad y respeto absoluto a sus operativos.
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En síntesis, hay cooperación con condiciones estrictas. Así se privilegia la coordinación institucional y se reduce el margen de malentendidos.
La relación con la DEA seguirá bajo lupa. Pero, con reglas claras, México puede colaborar y, a la vez, proteger su soberanía.
Para el lector, la clave es sencilla: información sí, mando nacional también. Aquí nadie cede control de operativos dentro del territorio.
Además, el gobierno recalca que la frontera es sensible. Por eso, cualquier acción debe pasar por cancillería y áreas de seguridad mexicanas.
En cambio, Estados Unidos privilegia anuncios rápidos. Sin embargo, sin sustento jurídico compartido, la coordinación se fractura y la narrativa pública se confunde.
Así, el reto inmediato es reconstruir confianza. Con protocolos, actas, responsables y evaluaciones, la cooperación puede ser eficaz, verificable y políticamente sostenible.
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