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El escándalo por la presunta protección al grupo criminal “La Barredora” en Tabasco ha comenzado a tener repercusiones a nivel nacional. En Chihuahua, empresarios influyentes han manifestado su rechazo a la posible candidatura de la senadora Andrea Chávez a la gubernatura en 2027, debido a su cercanía con Adán Augusto López.
Durante semanas, el sector privado del norte del país ha sostenido conversaciones con actores clave del gobierno federal. Su preocupación principal radica en que los presuntos pactos de Adán Augusto con el crimen organizado podrían replicarse en Chihuahua.
A su juicio, permitir que Andrea Chávez avance en su aspiración podría derivar en una crisis similar a la de Tabasco: inseguridad, cobro de piso, carreteras intransitables y prisiones fuera de control.
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Además, la cercanía geográfica de Chihuahua con Estados Unidos añade un componente geopolítico que complica aún más la ecuación. La posibilidad de que la violencia se intensifique en un estado fronterizo alarma tanto a inversionistas como a autoridades federales.
Aunque en meses anteriores existía apertura hacia la senadora, el estallido mediático y judicial del caso Tabasco cambió el panorama. Su nombre ya no genera confianza entre los empresarios.
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Uno de los que recibió estos mensajes fue Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta y originario de Chihuahua. Con fuertes lazos con el obradorismo, Chávez nunca simpatizó con Adán Augusto ni con Andrea Chávez. En cambio, mantiene mejores relaciones con otros grupos morenistas como el de Javier May.
Este distanciamiento quedó evidenciado en la boda del hijo del presidente, celebrada en un hotel de Vidanta, donde las ausencias hablaron más que las presencias.
Finalmente, los empresarios han sido claros: si Morena insiste en impulsar el binomio Adán Augusto–Andrea Chávez, redoblarán esfuerzos para apoyar a otras fuerzas políticas, incluyendo al proyecto de la panista Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua.
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