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Durante 2023, el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desoyó múltiples solicitudes del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT). Las autoridades estadounidenses habían expresado su inconformidad con dos decisiones claves: la exclusión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para operaciones exclusivas de carga y la reducción progresiva de horarios de despegue y aterrizaje en dicha terminal.
De acuerdo con documentos oficiales del DOT, estas decisiones no fueron debidamente justificadas, a pesar de reuniones diplomáticas sostenidas tanto en Ciudad de México como en Washington. Una delegación estadounidense planteó sus inquietudes directamente al presidente mexicano en junio de 2023. Posteriormente, en octubre del mismo año, altos funcionarios mexicanos y del DOT se encontraron nuevamente, sin avances concretos.
En respuesta a lo que consideran un incumplimiento del Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos vigente desde 2015, el Gobierno de Estados Unidos, ahora bajo la administración de Donald Trump, ha impuesto nuevas condiciones a las aerolíneas mexicanas. Entre ellas, destaca la obligación de presentar y obtener aprobación previa para vuelos chárter hacia territorio estadounidense, así como la revisión de sus horarios.
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Además, se propone suspender la inmunidad antimonopolio otorgada a la alianza entre Delta Air Lines y Aeroméxico, debido a preocupaciones por falta de competencia.
El DOT también cuestionó la justificación técnica para reducir los slots del AICM. Aunque México argumentó saturación operativa, no presentó análisis concluyentes ni planes concretos para mitigarla. Desde 2022, el número de operaciones por hora se redujo de 61 a 43, afectando a aerolíneas de ambos países sin garantías de restauración.
El sector privado estadounidense también ha reaccionado. La Asociación de Aerolíneas de Carga de EU (CAA), que incluye a FedEx y UPS, respaldó las sanciones impuestas por Trump. Su presidenta, Lauren Beyer, calificó las acciones mexicanas como «injustas y anticompetitivas», contrarias a los principios de Cielos Abiertos.
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Para la CAA, forzar el traslado al Aeropuerto Felipe Ángeles interrumpió operaciones críticas y generó incertidumbre sobre futuras medidas regulatorias. Asimismo, advirtieron que otros países siguen con atención la postura de Washington, pues consideran esencial mantener la libertad de establecer rutas comerciales sin imposiciones arbitrarias.
Aunque México ha mantenido su posición, la presión internacional podría influir en futuras decisiones sobre su política aeroportuaria.
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