Dos ataques casi simultáneos sacudieron a Cali y Amalfi: un camión bomba y un helicóptero derribado dejaron al menos 18 muertos y decenas de heridos. El gobierno endurece su respuesta.
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Colombia vivió un “jueves negro” con dos ataques casi simultáneos y letales. Cali sufrió un camión bomba; en Amalfi, Antioquia, un helicóptero policial fue derribado. Al menos 18 personas murieron.
El estallido en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez dejó al menos seis muertos y más de 60 heridos, según reportes preliminares. La cifra podría variar.
Reuters elevó el balance de heridos en Cali hasta 71, mientras se estabilizaban zonas aledañas. Las autoridades pidieron evitar la desinformación.
Horas antes, en Amalfi, un UH-60 Black Hawk de la Policía cayó cuando apoyaba la erradicación manual de cultivos de coca. Doce uniformados fallecieron.
Versiones oficiales señalan que el helicóptero habría sido atacado con drones, lo que agravó el incendio a bordo y la posterior caída.
El presidente Gustavo Petro y mandos de seguridad apuntaron a disidencias de las FARC en Antioquia; en esa zona operan el Frente 36 del EMC y el Clan del Golfo.
Además, Petro anunció que el EMC, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo serán declarados “organizaciones terroristas” tras la jornada de violencia.
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En Cali, la detonación cerca de la Marco Fidel Suárez reavivó el miedo. Semanas atrás hubo atentados coordinados con explosivos en Valle del Cauca y Cauca.
Aquellos ataques del 10 de junio dejaron al menos siete muertos y más de 50 heridos, con múltiples eventos atribuidos a disidencias. El patrón se repite.
La novedad ahora es la expansión del uso de drones por parte de grupos armados. Expertos alertan sobre su creciente accesibilidad y letalidad.
Asimismo, la policía confirmó que el helicóptero apoyaba tareas de erradicación cuando fue atacado. Es una misión recurrente en corredores cocaleros.
Mientras tanto, el gobierno prometió refuerzos y coordinación interinstitucional. Sin embargo, la ciudadanía demanda respuestas claras sobre prevención y protección.
En paralelo, analistas vinculan la escalada con diálogos truncos y ceses al fuego fallidos. La presión territorial de las disidencias se mantiene.
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El EMC y la Segunda Marquetalia aprovechan la geografía y economías ilícitas. Por ello, la respuesta exige inteligencia, judicialización y control de rutas.
No obstante, designar como terroristas a estos actores cambia reglas: endurece persecución y cooperación internacional, pero tensiona eventuales negociaciones.
En Cali, autoridades locales reforzaron presencia en puntos críticos y monitorean hospitales por el flujo de heridos. La prioridad es estabilizar.
Finalmente, el país enfrenta un reto doble: contener la violencia y cuidar el proceso político. La sociedad exige eficacia y transparencia.
Aun así, expertos advierten que la tecnología bélica barata llegó para quedarse. Adaptarse rápido será clave para evitar más tragedias.
Por ahora, Cali y Antioquia amanecen en alerta. Las investigaciones continúan y podrían modificar cifras y responsables. Seguiremos actualizando.
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