El Senado aprobó en fast track la Ley General de Aguas, sin cambiarla una coma y en medio de protestas de productores que acusan a Morena de traicionar al campo.
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La Ley General de Aguas se aprobó en el Senado en fast track, sin moverle una coma y sin escuchar de verdad al campo mexicano.
Mientras Morena presume que “el agua es vida”, miles de productores sienten que la reforma se convirtió en un nuevo instrumento de control político.
Porque ahora la Conagua concentra el poder sobre las concesiones, decide quién conserva el líquido y limita severamente la posibilidad de transmitir derechos entre particulares.
En el papel suena a combate contra acaparadores, pero en los hechos muchos ven una recentralización que deja indefensos a campesinos y pequeños ganaderos.
Además, el proceso fue una aplanadora: sin discusión real en comisiones, reservas desechadas en bloque y una mayoría oficialista obedeciendo la línea de Palacio Nacional.

Al mismo tiempo, afuera del recinto hubo bloqueos, tractorazos y advertencias de que esta ley puede ser el “último clavo al ataúd” del campo.
Detrás del discurso del “derecho humano al agua” se esconde una realidad incómoda: se castiga al pequeño productor, mientras se deja intactos a grandes usuarios.
Porque la ley endurece sanciones por traslados “ilegales” de agua, pero sigue sin tocar de fondo la corrupción histórica dentro de la propia Conagua.
Encima, el gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que no hay razones para protestar y acusa a opositores y organizaciones de defender “privilegios”.
Sin embargo, los distritos de riego en estados como Sinaloa o Chihuahua llevan años bajo la sombra del narcotráfico y cacicazgos tolerados por todos.
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Con esta combinación explosiva, la nueva ley puede terminar debilitando aún más la soberanía alimentaria y encareciendo los alimentos en plena carestía.
Hoy el mensaje que sale del Congreso es claro: el agua regresa al centro y el campo queda, otra vez, en la orilla.
Como advierte Salvador García Soto en Serpientes y escaleras de El Universal, el gobierno ganó la votación, pero haber perdido la confianza del México rural.
Y, tarde o temprano, esa factura se cobra en las urnas, en las carreteras bloqueadas y en la mesa vacía de millones de familias.

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