Si algo dejó claro el nuevo reporte de Oxfam es que la desigualdad ya no es una cifra fría: es una fuerza política. En 2025, la riqueza de los multimillonarios creció con una velocidad inédita, mientras millones siguen sin lo básico.
Editorial | Economía
Análisis
Política Gurú
Si algo dejó claro el nuevo reporte de Oxfam es que la desigualdad ya no es una cifra fría: es una fuerza política. En 2025, la riqueza de los multimillonarios creció con una velocidad inédita, mientras millones siguen sin lo básico.
Esa asimetría se siente en el carrito del súper, en la renta y en la seguridad. Además, cuando el ingreso se concentra, la movilidad social se frena y el esfuerzo individual rinde menos.
También hay un problema que va más allá de “ricos vs. pobres”. Cuando una fortuna compra acceso, financia campañas o controla medios, el dinero se convierte en palanca para torcer reglas. Por eso, la desigualdad no solo lastima el bolsillo: también erosiona la democracia.
De hecho, la discusión se volvió más incómoda en Davos. Algunos ultraricos admiten que la riqueza extrema puede dañar la vida pública; sin embargo, ese “mea culpa” no paga recibos ni reduce precios. Lo relevante es si ese reconocimiento se traduce en límites reales.
Por un lado, hay rutas claras: topes a donaciones, transparencia de cabildeo y sanciones a conflictos de interés. Por otro lado, el punto fiscal regresa siempre a la mesa: si el Estado no recauda de quienes más tienen, entonces recorta o se endeuda, y el costo cae en servicios peores.
En México, el impacto se vuelve cotidiano. Cuando el gasto público no alcanza, se resienten hospitales saturados, escuelas con carencias y transporte inseguro. Además, el ciudadano percibe que “la puerta se abre” para unos y se cierra para otros, y esa percepción alimenta cinismo.
Aun así, subir impuestos “a secas” tampoco es una bala de plata. Se necesita cobrar mejor, cerrar agujeros y, sobre todo, gastar con eficacia. Por eso, la discusión real es doble: cuánto recaudar y cómo blindar ese dinero para que termine en bienes públicos verificables.
Mientras tanto, la captura del Estado avanza cuando las reglas de competencia se distorsionan. Si una empresa gigante compra regulación favorable, el mercado se vuelve trampa. Y si un magnate “administra” narrativas desde una plataforma, la conversación pública pierde pluralidad.
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Entonces, la pregunta útil no es si envidiamos a los ricos. Es si aceptamos un sistema donde la riqueza compra ventajas políticas heredables. En consecuencia, el debate sobre impuestos y límites al financiamiento no es ideológico: es defensa institucional.
En última instancia, la ciudadanía paga dos veces: primero con salarios que no alcanzan y, después, con instituciones debilitadas. Por eso, exigir reglas claras, competencia equitativa y rendición de cuentas ya no es lujo cívico: es defensa propia democrática.
Editorial basada en la columna Historias de Reportero, de Carlos Loret de Mola, publicada en El Universal.
Fuente: Estrictamente Personal, de Raymundo Riva Palacio, publicada en El Financiero.
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