Parejas polémicas: cuando el amor se mezcla con el poder en la política mexicana

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Las relaciones personales en la política mexicana han estado marcadas por la controversia. Cuando los vínculos sentimentales se entrelazan con el poder público, emergen casos que despiertan dudas sobre ética, influencia y corrupción. Aunque en principio se trata de cuestiones privadas, en múltiples ocasiones estos nexos han tenido repercusiones nacionales.

Uno de los casos más recientes lo protagonizan Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena, y su esposa Diana Karina Barreras, diputada del PT. El conflicto surgió cuando el Tribunal Electoral ordenó a una ciudadana disculparse públicamente por comentarios sobre la influencia del diputado en la candidatura de su esposa. Lo más polémico fue la instrucción de llamar a Barreras como “Dato Protegido”, lo que desató críticas en redes sociales por censura y abuso institucional. Aunque Gutiérrez defendió la sentencia, el daño mediático ya estaba hecho.

Otro caso relevante involucra a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres. Ambos vieron canceladas sus visas estadounidenses en mayo de 2025. La razón no fue revelada, pero medios sugieren que hay investigaciones por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. La Fiscalía investiga a Torres por presunto huachicoleo. Aunque Ávila ha negado cualquier implicación, el escándalo continúa generando presión mediática.

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En Nuevo León, el matrimonio entre Samuel García y Mariana Rodríguez también ha sido foco de atención. Mariana fue criticada por llevar a un menor del DIF a su hogar, exhibiéndolo en redes sociales, lo que generó preocupación sobre el respeto a los derechos del niño. Asimismo, la FGR inició una investigación en 2021 sobre supuestos aportes ilícitos a la campaña de García. El SAT identificó posibles operaciones con empresas fantasma.

Otro episodio emblemático es el de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, y su esposa Carolyn Adams. La pareja vivió en una residencia de lujo en Houston, propiedad de un directivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex. A pesar de que ambos alegaron que la renta fue legal, la controversia contrastó fuertemente con el discurso de austeridad presidencial.

El expresidente Peña Nieto y Angélica Rivera también enfrentaron acusaciones por la llamada “Casa Blanca”. La propiedad fue adquirida por Rivera a Grupo Higa, empresa favorecida por contratos gubernamentales. Aunque se exoneró a la pareja, la percepción pública quedó marcada.

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Asimismo, Javier Duarte y Karime Macías se convirtieron en símbolo de corrupción tras desviar miles de millones en Veracruz. Ella fue señalada por desfalcos desde el DIF y actualmente enfrenta un proceso de extradición desde Londres.

Finalmente, Vicente Fox y Martha Sahagún vivieron bajo la lupa por excesos como el “Toalla Gate” y supuestas influencias ejercidas por los hijos de Sahagún. La fundación Vamos México también fue señalada por manejo opaco de recursos.

A lo largo de los años, estos casos han dejado claro que, en la política mexicana, lo personal suele volverse público y, en muchos casos, profundamente cuestionable.