El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México abrió una nueva crisis para Pemex y para el Gobierno federal. Mientras organizaciones civiles sostienen que la fuga comenzó desde febrero, la respuesta oficial llegó tarde, con versiones cambiantes y sin disipar las dudas sobre el verdadero origen del daño ambiental.
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Organizaciones ambientalistas acusaron a Pemex y a autoridades federales de minimizar u ocultar indicios tempranos del derrame de hidrocarburos que afecta costas del Golfo de México, al sostener que la fuga habría comenzado desde el 6 de febrero en el ducto submarino Old AK C, dentro del complejo Cantarell. Esa versión contradice la narrativa oficial inicial, que atribuía el problema a un buque y a emanaciones naturales.
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Según la reconstrucción difundida por CEMDA y otras organizaciones, imágenes satelitales mostraron manchas de hidrocarburos desde principios de febrero frente a Campeche. En ese mismo periodo, el buque Árbol Grande, operado por Diavaz y dedicado a trabajos sobre ductos, permaneció varios días sobre el punto señalado como probable origen de la fuga.
La denuncia tomó mayor fuerza luego de que investigaciones periodísticas reportaran que esa embarcación estuvo detenida más de ocho días en la zona, rodeada por una mancha aceitosa visible en imágenes satelitales. Pemex respondió que se trata de labores ordinarias de mantenimiento e inspección preventiva, pero no aclaró de forma puntual qué ocurrió en el ducto mencionado ni por qué el barco permaneció tanto tiempo en ese sitio.
La controversia ocurre en medio de críticas por la reacción tardía de las autoridades. Durante semanas, comunidades pesqueras y costeras enfrentaron el avance del hidrocarburo sin una explicación concluyente sobre el origen del derrame, mientras la contaminación se extendió por más de 600 kilómetros de litoral.
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Este martes 31 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se revisan todas las instalaciones de Pemex en el Golfo para descartar fallas. Aunque la investigación sigue abierta, el caso ya exhibe una falla política evidente: ante un desastre ambiental de gran escala, el Gobierno respondió tarde, con versiones cambiantes y sin la transparencia que exigía la emergencia.
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