La FGR no logró notificar al exsecretario de Marina para que compareciera como testigo. En la audiencia también surgieron referencias que no constituyen imputaciones formales.
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La jueza Alejandra Ramírez de la Vega citó al exsecretario de Marina Rafael Ojeda como testigo en el proceso contra el contralmirante Fernando Farías Laguna. No compareció el miércoles 26 de agosto porque, según la defensa, la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo localizarlo para notificarlo.
La ausencia dejó sin desahogar un testimonio sobre la cadena de mando detrás de una presunta red de contrabando de combustible en aduanas marítimas. El caso alcanza a mandos navales, funcionarios aduanales y empresarios, y prueba la capacidad institucional para investigar responsabilidades jerárquicas.
Fernando Farías fue vinculado a proceso el jueves 27 de agosto por delincuencia organizada para cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento. Permanecerá bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano. La resolución permite continuar el proceso; no equivale a una sentencia.
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Citatorio sin cumplir y audiencia privada
Epigmenio Mendieta, abogado de Farías, afirmó que pidió la comparecencia de Ojeda y proporcionó un domicilio. La jueza giró el citatorio el viernes 21 de agosto para que la FGR lo entregara. La institución no ha explicado por qué no consiguió ubicar al exfuncionario.
El litigante sostuvo que la presencia de Ojeda fue uno de los argumentos para celebrar en privado las audiencias. Debido a esa reserva, la versión sobre el citatorio y sus motivos procede de la defensa y no ha podido contrastarse con el contenido de la diligencia.
Mendieta busca sostener que Fernando y su hermano Manuel Roberto Farías Laguna no habrían podido coordinar por sí solos decisiones en distintas dependencias. Es una tesis defensiva pendiente de valoración judicial. Ojeda, tío político de ambos, no enfrenta una imputación formal.
Menciones que aún no son acusaciones
Según Mendieta, la FGR leyó declaraciones del capitán Alejandro Torres Joaquín, testigo colaborador “Santo”, y de Juan Carlos Soto Pichá. El abogado aseguró que un relato mencionó a “Andy” para destrabar un buque en Guaymas y otro aludió a un empresario relacionado con un político tabasqueño.
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La defensa vinculó esas referencias con Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López. Sin embargo, las menciones no constituyen imputaciones ni demuestran participación delictiva. MCCI identificó a Saúl Vera Ochoa detrás de la concesionaria del muelle 289 de Tampico; Adán Augusto negó vínculos con él.
El 17 de agosto, la FGR aseguró que no contaba con datos de prueba con fuerza legal para investigar a López Beltrán. La versión de la defensa exige una aclaración oficial sobre el alcance de los testimonios y la fallida notificación a Ojeda.
Mientras esa explicación no llegue, el proceso deja asuntos centrales: esclarecer cómo operó la red y determinar hasta dónde alcanzaban las decisiones. La responsabilidad penal deberá probarse con pleno respeto a la presunción de inocencia.
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