Alonso Ancira reactivó la batalla legal por Agronitrogenados. Aunque cubrió pagos iniciales, dejó pendiente la parte mayor. Pemex reclama el total y la FGR baraja nuevos pasos.
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Alonso Ancira volvió al centro del huracán. Con nuevas maniobras legales, el exdueño de AHMSA busca zafarse del pago millonario pactado con Pemex.
Agronitrogenados es el corazón del caso. La planta, parada por catorce años, fue vendida a sobreprecio, causando un daño por 216 millones de dólares.
Además, REFORMA documentó el deterioro de la planta. Los reportes reforzaron narrativas de chatarra y decisiones apresuradas dentro de la petrolera estatal.
En 2012, Emilio Lozoya recibió 3.5 millones de dólares de Ancira. Luego, ya en Pemex, avaló la compra de Agronitrogenados a AHMSA.
Sin embargo, el empresario consiguió un acuerdo reparatorio en 2021. Gracias a ello, salió del Reclusorio Norte para enfrentar el proceso en libertad.
Entonces, Ancira pagó anticipos y acumuló poco más de 104 millones. Después, dejó de cubrir los 112 millones 497 mil 990 restantes del convenio.
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Ahora, el magnate pide anular la causa por lavado de dinero y cancelar el acuerdo reparatorio. Afirma que el daño a Pemex fue “montaje”.
Además, asegura que ProAgroindustria no era subsidiaria de Pemex en 2013. Incluso sostiene que el pago no provino de recursos públicos ni de la petrolera.
No obstante, en enero de 2024 la FGR pidió su reaprehensión por incumplir pagos. Sin embargo, el juez negó la captura porque Pemex solicitó prórroga.
De hecho, esa prórroga venció en noviembre de 2024. Aun así, Ancira tampoco pagó entonces, y ninguna autoridad volvió a insistir en detenerlo.
En paralelo, la defensa presentó nuevos escritos ante el juez del caso. Busca borrar obligaciones y cerrar definitivamente el expediente de Agronitrogenados.
Asimismo, el empresario mantiene su residencia en San Antonio, Texas. Desde ahí, ha litigado tiempos, fideicomisos y activos, mientras el reloj del acuerdo avanzaba.
Por otro lado, el expediente exhibe episodios de ida y vuelta. Unos ven presión política; otros, huecos legales que favorecieron al llamado “rey del acero”.
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Con todo, el punto clave sigue igual: Pemex exige la reparación íntegra. La petrolera busca cerrar el capítulo para limpiar cuentas e imagen pública.
Además, AHMSA arrastró crisis financieras y disputas de control. Así, la sombra de Agronitrogenados impactó operaciones, confianza y valor de sus principales activos.
En ese sentido, la narrativa de “montaje” abre otra grieta. Si prospera, el caso diluiría responsabilidades y encendería críticas sobre las decisiones de compra.
Sin embargo, los hitos del convenio quedaron documentados. Fechas, montos y garantías quedaron establecidos; por ello, incumplir disparó alertas en tribunales y en opinión pública.
Entonces, ¿qué sigue? El juez evaluará alegatos y plazos; mientras tanto, Pemex y la FGR decidirán si reactivan la presión judicial.
Así, el caso regresó a la agenda nacional. Entre recursos, prórrogas y versiones encontradas, expediente exhibe millones litigados desde escritorio, no en las plantas.
Al final, lo esencial es simple: o se paga, o se asume la consecuencia. Por ahora, Alonso Ancira apuesta sus fichas al laberinto legal.
Incluso, analistas advierten costos reputacionales para Pemex si el capítulo permanece abierto demasiado tiempo.
Por ello, urge claridad: o se convalida el convenio, o se restablece vía penal.
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