Donald Trump ha autorizado al Ejército estadounidense a actuar directamente contra cárteles de droga extranjeros designados como terroristas, una medida que intensifica la lucha antidrogas y provoca tensiones diplomáticas.
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Donald Trump ha ordenado al Pentágono atacar cárteles calificados como terroristas. Esto abre la puerta a operaciones en aguas y suelo extranjero, algo nunca antes visto.
Se ha escalado la estrategia, combinando fuerza militar con medida tradicionalmente policiaca.
Los riesgos son alto, y lo que está siendo aprobado plantea dudas sobre el derecho internacional.
El FBI también solicitó nombres de sospechosos para incluirlos en listas antiterroristas.
Además, se ha duplicado la recompensa por arrestar a Nicolás Maduro, acusándolo de colaborar con cárteles internacionales.
La cifra ahora es de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Sin embargo, México se ha opuesto. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el despliegue militar estadounidense en su territorio.
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Afirmó que no se vendió soberanía, y sugirió colaboración mediante inteligencia, no intervención directa.
También se ha ampliado la presencia militar en la frontera sur de EE. UU., incluyendo vigilancia reforzada y posibles despliegues con vehículos blindados. Por si fuera poco, la CIA está usando drones de vigilancia profundamente dentro de México para monitorear a los cárteles.
Se especula que estos drones podrían ser armados, lo que complica aún más la situación.
Los expertos advierten sobre implicaciones legales y políticas. Por ejemplo, sin autorización del Congreso, emplear militares para funciones policiacas podría violar la ley federal Posse Comitatus.
Además, una operación militar en suelo extranjero sin consentimiento podría vulnerar el derecho internacional.
Específicamente, la designación de cárteles como organizaciones terroristas ofrece herramientas como sanciones económicas o congelación de activos, pero esa etiqueta no autoriza automáticamente operaciones militares estilo guerra.
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En paralelo, el Congreso considera una resolución que daría luz verde formal para usar toda la fuerza militar contra cárteles mexicanos.
Esto marcaría un cambio radical en la postura estadounidense sobre seguridad transfronteriza.
Por otro lado, repetir intervenciones pasadas como en Panamá en los años 80 reavivan debates sobre soberanía, legitimidad y consecuencias.
En aquel entonces, George H. W. Bush desplegó tropas para capturar a Noriega sin autorización clara de otros países, acción muy criticada por la ONU.
En resumen: EE. UU. está intensificando su lucha contra cárteles mediante medidas drásticas.
Se combinan sanciones, recompensas millonarias, vigilancia aérea, presión en frontera y una posible estrategia militar.
Todo ello ha provocado tensiones diplomáticas, especialmente con México, y está generando una ola de preocupación legal.
La administración de Trump despliega herramientas serias, pero enfrenta grandes límites constitucionales, éticos y prácticos.
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